La Xunta de Galicia adelanta cerca de
una semana el pago de la Renta de inclusión social de Galicia (Risga)
del mes de abril para aliviar la economía doméstica de 10.000 familias
gallegas. Se trata de una medida pionera en nuestra comunidad para la
que el Gobierno gallego destinará una inversión de 4,5 millones de
euros.
El Consello da Xunta dio ayer luz verde la esta medida y se
lanzó la orden de pago. De este modo, en lugar de percibirla en los
últimos días del mes, los beneficiarios de esta prestación ya comenzarán
a cobrarla con la intención de minimizar el impacto del coronavirus en
los hogares más vulnerables.
El importe medio de la Risga es de
550 euros al mes, después de que se introdujesen novedades el año
pasado. Con estas modificaciones, se añadió un tramo de inserción, para
facilitar que la persona perceptora mejore su formación; y otro tramo de
transición al empleo, que permite compaginar Risga y salario durante
seis meses y garantizar así una transición suave al mercado laboral.
Plan social de contingencia
Esta
iniciativa forma parte del Plan social de contingencia en el que
también se encuentran medidas como el teléfono social (900 400 800), que
está a disposición de las personas que tengan dudas básicas, que
necesiten acompañamiento o atención psicológica y que atendió desde su
puesta en marcha más de 2000 llamadas.
En segundo lugar, el
seguimiento telefónico a los 14.400 usuarios de centros de día y
ocupacionales y, para los hogares que lo necesitan, el reparto de comida
a domicilio, que ya llega a 250 familias más. Un correo electrónico
para la detección rápida de situaciones de riesgo
(atencionsocialemerxencia@xunta.gal).
En cuarto lugar, una ayuda
económica para los niños que disponían de una bolsa de comedor de su
escuela infantil, colegio o instituto, de las que se beneficiarán más de
51.000 hogares gallegos. Un Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF)
extraordinario para las personas que necesiten cuidados a domicilio, por
un importe de 6 millones de euros.
El Gobierno gallego también
procedió a la exención de las cuotas de las escuelas infantiles, centros
de día y ocupacionales con financiación pública y se publicó la mayor
orden de ayudas de la historia de Galicia destinada a las entidades de
inclusión social, por un importe de 18,3 millones de euros.
Y por
último, la Xunta distribuyó cerca de 400 dispositivos móviles en
residencias de mayores, personas con discapacidad y centros de menores
para facilitarles a los residentes la comunicación con sus familias, a
través de videoconferencia.