EFE | Los expertos que asesoran al Gobierno en la pandemia no descartan el
confinamiento "total o parcial" de grandes grupos de población durante
largos periodos con el fin de poder eliminar el virus o dar margen al
desarrollo de una vacuna que podría tardar más de doce meses en estar
disponible.
Han planteado además que los hospitales deben estar preparados para
disponer, en caso de necesidad, del doble de camas de UCI que tenían
antes de la crisis causada por el coronavirus, e identificar espacios
que permitan un incremento "de hasta el triple" de esa capacidad.
Así consta en las "Recomendaciones sanitarias para la estrategia de
Transición" que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias ha remitido hoy al presidente del Gobierno.
Este documento incide en que la reducción máxima del número de casos de
COVID-19 exigiría "fuertes medidas de distanciamiento social", que
pueden incluir ese confinamiento de grandes grupos durante un largo
tiempo.
Las recomendaciones que este Centro ha trasladado al Ejecutivo para
tratar de asegurar una gestión "eficaz y segura" de la epidemia se
centra en cuatro áreas: la asistencia sanitaria; la vigilancia
epidemiológica; la identificación y contención precoz de las fuentes de
contagio; y las medidas de protección colectiva.
El objetivo de las estrategias que se deben adoptar ahora es, según el
Comité de Coordinación que dirige el doctor Fernando Simón, reducir el
número de casos hasta un nivel asumible por el sistema sanitario
evitando el riesgo de que desborde o vuelva a sufrir el estrés al que ha
estado sometido durante la primera onda epidémica.
Pretenden además esas recomendaciones garantizar la asistencia a todos
los pacientes -a los de COVID-19 y al resto-, y asegurar la protección
de los colectivos más vulnerables "minimizando el coste humano, social y
económico durante la gestión de la epidemia". Los expertos creen que esos objetivos se pueden lograr "con un proceso
ordenado de transición" de la situación actual, con medidas extremas de
distanciamiento social, hacia una "nueva normalidad" que asegure la
reducción de riesgos.
En el informe que han trasladado al Gobierno, los expertos constatan que
no se puede predecir con seguridad cuál va a ser la evolución de la
epidemia en España durante el próximo año, debido a la incertidumbre
sobre la proporción de población que está infectada, a la duración de la
inmunidad, la posible trasmisión estacional del virus y la forma en que
evolucionará la pandemia en el resto del mundo.
Advierten por ello de que este documento será "dinámico" y susceptible
de ser modificado según avance el conocimiento sobre el virus, los
resultados que se desprendan del estudio de seroprevalencia o la
aparición de terapias efectivas contra la enfermedad.
Las recomendaciones de los expertos apuestan por una asistencia
sanitaria "reforzada" para evitar que el sistema sanitario vuelva a una
situación similar a la que ha tenido en las últimas semanas y para poder
reanudar la asistencia habitual de pacientes con patologías diferentes a
la COVID-19.
En los hospitales, inciden en la importancia de prevenir infecciones y
para ello insisten en la necesidad de disponer de suficientes "equipos
de protección individual", mantener los circuitos diferentes para
pacientes COVID y los que no lo son, y reforzar las consultas de
atención al personal sanitario para cribado, diagnóstico, seguimiento y
atención psicológica.
En atención primaria, los expertos recomiendan cetros específicos de
pacientes sospechosos, circuitos separados para la atención presencial
de personas con síntomas sospechosos y reforzar la atención
domiciliaria. Los expertos han constatado en el documento la importancia de la
vigilancia epidemiológica y la necesidad de identificar y contener
cualquier fuente nueva de contagio, y para ello abogan por el
diagnóstico de las personas sintomáticas con pruebas "PCR" u otras que
estén consideradas adecuadas y por el aislamiento precoz.
Para ello, el Centro de Coordinación señala que si es necesario se
deberá habilitar capacidad hotelera u otras instalaciones para proceder a
ese aislamiento "supervisado" de casos leves cuando no pueda hacerse
efectivo en el domicilio. El documento señala que conforme se vayan avanzado en estos objetivos se
podrán ir tomando decisiones que permitan un progresivo aumento de la
movilidad y de la actividad laboral.
Esas decisiones se deberán basar, según los expertos, en la evolución de
los indicadores específicos que se adopten en los foros técnicos del
Consejo Interterritorial, y en la identificación de las áreas
geográficas "con capacidades de preparación adecuadas" y con situaciones
epidemiológicas y de riesgo adecuadas.