EFE | El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto-ley que servirá de
base para acompasar los ERTE por fuerza mayor, en los que hay 3 millones
de trabajadores, al proceso de desescalada en la pandemia del COVID-19
con una comisión encargada de seguir adaptándolos en los próximos meses.
Según ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, la norma "da cuerpo" al acuerdo firmado ayer por el
Gobierno y los agentes sociales para prorrogar estos ERTE hasta el 30 de
junio, adecuarlos a las empresas que reanuden su actividad y establecer
una comisión de seguimiento, clave para seguir ajustándolos por
sectores, fases o territorios.
La comisión -en el que participan los ministerios de Trabajo y de
Seguridad Social, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT- arrancará previsiblemente la
próxima semana con un tema crucial sobre la mesa: qué hacer más allá
del 30 de junio con estos expedientes en los sectores más afectados,
como el turismo o la automoción.
Ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó que estos sectores
podrían mantener las condiciones de fuerza mayor más allá de esa fecha
pero pidió margen para los trabajos de la comisión. El acuerdo sellado el pasado viernes, fruto de complejas negociaciones
entre patronal, sindicatos y Gobierno, desliga los ERTE de fuerza mayor
del estado de alarma con la misma exoneración de cuotas (del 100 % para
las empresas más pequeñas y del 75 %, si la empresa tiene 50 empleados o
más) si no se puede reanudar la actividad.
En el caso de los trabajadores, seguirán cobrando la prestación en las mismas condiciones.
También se crea una nueva categoría, el ERTE de fuerza mayor parcial que
permite que las empresas puedan ir recuperando parte de su plantilla
manteniendo a otra parte con el contrato suspendido.
Bajo esta figura hay exoneraciones de cuotas sociales tanto para los
trabajadores que regresen como para aquellos que mantengan en suspenso. En el caso de las empresas de menos de 50 empleados, las exoneraciones
alcanzarán el 85 % en mayo y 70 % en junio para los empleados que se
reincorporen, mientras que para los que continúen con su jornada
suspendida el porcentaje será menor.
En las empresas de 50 trabajadores o más, la exoneración será del 60 %
en mayo y del 45 % en junio para los que se reincorporen y menor para
los que no. "Se plantea como un beneficio para que las empresas puedan ir
incorporando trabajadores", ha subrayado Montero que también ha
recordado que el decreto recoge que no podrán beneficiarse de estos ERTE
las compañías que tengan su domicilio en un paraíso fiscal y que,
aquellas que repartan beneficios con cargo a este ejercicio, tendrían
que devolver los importes de los que se han beneficiado.
También mantiene el compromiso de mantener el empleo para las empresas
que se acojan a ellos aunque se añaden algunas excepciones y se
flexibiliza para las empresas de los sectores más estacionales donde se
valorará su cumplimiento. Los seis meses de este compromiso, fija también el texto, comienzan
desde la fecha de reanudación de la actividad, entendida como la
incorporación al trabajo de personas afectadas por el expediente. Es
decir, comienza a contar desde que vuelve al trabajo el primer empleado.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, puso ayer como ejemplo de
responsabilidad el acuerdo logrado, al igual que el líder de UGT, Pepe
Álvarez, que pidió un plan de empleo que incentive el consumo nacional. Desde la patronal CEOE también señalaron en la necesidad abordar "a la
mayor brevedad" su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá
del fin de junio.