EFE | El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado este
jueves, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000
más, un golpe duro para la industria que ha unido a los Gobiernos
central y catalán en la búsqueda de salidas y en las críticas a la firma
automovilística nipona.
Cumpliéndose los peores augurios, el consejero delegado de Nissan,
Makoto Uchida, ha anunciado desde Japón la intención de cerrar los tres
centros en Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la
Barca- a finales de diciembre de este año, mientras que se mantienen
las plantas en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535).
El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha comunicado a los
sindicatos que se ha tomado esta decisión al no ver "ninguna solución
viable de futuro" para estas instalaciones, que han ido perdiendo
modelos en los últimos años, dejando Zona Franca a un 20 % de su
capacidad máxima -para unos 200.000 vehículos-.
El cierre afectará a Zona Franca (fábrica de furgonetas), Montcada
(estampaciones) y Sant Andreu (suspensiones y bastidores), así como a
los centros de I+D, recambios, distribución y compras, también en la
Zona Franca, áreas que suman unos 3.000 trabajadores. El impacto sobre el empleo será, sin embargo, mucho mayor, ya que se
calcula que otros 20.000 empleos indirectos, según la Generalitat de
Cataluña, dependen de estas plantas, incluyendo proveedores y
subcontratas de un sector clave en la región, ya que representa el 10 %
del producto interior bruto (PIB) y en las fábricas catalanas se
producen 1 de cada 5 vehículos ensamblados en España.
Frank Torres, que fuera máximo responsable de Nissan en España y ahora
vicepresidente de operaciones en Rusia, será el hombre encargado de
pilotar el desmantelamiento y de negociar con los sindicatos, relegando
al actual director, Genís Alonso. En rueda de prensa virtual, De Ficchy ha atribuido la decisión de cerrar
al exceso de capacidad de producción del grupo por la caída del mercado
de furgonetas, ante las medidas de movilidad adoptadas en muchas
ciudades, así como a que Mercedes optara por dejar de producir la
Clase-X en la planta de Nissan en mayo de este año.
Tanto los sindicatos como las Administraciones Públicas se han rebelado
contra la decisión final de la firma automovilística y han rechazado el
argumento utilizado para irse de Barcelona, reivindicando la viabilidad
de las plantas y recordando que habían presentado a Nissan un plan para
revitalizarlas que suponía ayudas por 100 millones de euros.
Según Nissan, ni siquiera las ayudas que estaban dispuestas a poner el
Gobierno y la Generalitat permitirían dar un futuro viable a la fábrica. En este contexto, el secretario de Industria, Raúl Blanco, ha lamentado
el "ataque al corazón industrial de Cataluña" que supone este cierre y
ha insistido en que el Gobierno trabajará para revertir la actual
situación, tres advertir de nuevo a Nissan que irse de Barcelona le
puede costar más de 1.000 millones de euros.
El Govern catalán también ha rechazado los planteamientos de Nissan y,
mientras la consellera Àngels Chacón (Empresa) hablaba de "deslealtad" e
incluso acusaba a la firma de "reírse de nosotros", el vicepresidente
Pere Aragonès ha avisado de que la empresa "deberá asumir
responsabilidades".
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha avanzado que
hará todo lo que esté en sus manos para evitar el cierre y ha apelado
al Gobierno central a sumar esfuerzos demostrando "unidad institucional"
con este mismo objetivo. La Generalitat, que ha dado 25 millones en ayudas públicas a Nissan en
los últimos 15 años, cuenta con que el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, propietario de los terrenos donde está asentada Nissan,
colaborará para evitar esta crisis industrial, al tiempo que ha apelado a
la unidad con los ayuntamientos afectados.
En este sentido, el Gobierno catalán asume que no podrá recuperar los 22
millones en ayudas públicas concedidas a Nissan durante los últimos 15
años. Los trabajadores de Nissan en Barcelona han recibido también la noticia,
que venía de Japón como un "jarro de agua fría", y los sindicatos han
llamado a la movilización y a mantener la huelga indefinida iniciada el
pasado 4 de mayo.
El presidente del comité de empresa de Nissan en Barcelona, Juan Carlos
Vicente, ha culpado a la multinacional de "dejar morir" las plantas
catalanas, y ha asegurado que los trabajadores van "a pelear" y "a
mantener en jaque a todas las Administraciones pidiendo" que les apoyen. Ante varios centenares de trabajadores concentrados en las instalaciones
de Zona Franca, donde se han visto imágenes que evidenciaban el estupor
y el dolor por el anuncio del cierre, Vicente ha rechazado las
explicaciones que ha dado la firma nipona: "Nos han dejado morir", ha
dicho.
Tras quemar varios neumáticos ante la planta, los trabajadores han
cortado después la Ronda Litoral y han avanzado que llevarán a cabo un
calendario de protestas. La decisión de Nissan de no mantener su actividad en Barcelona ha sido
rechazada de manera prácticamente unánime por los ayuntamientos
catalanes, en especial el de la capital, y partidos políticos, tanto
catalanes como del ámbito estatal.
Si el cierre no se revierte, se pondrá un punto y final a la centenaria
historia de Nissan en Barcelona, que tiene su embrión en una planta
abierta en Cádiz de la mano de Ford y que se trasladó en la década de
1960 a la capital catalana, donde llegó a convertirse en la segunda
fábrica de vehículos más importante.