EFE | El
Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con
comunidades autónomas para que gestionen la prestación del Ingreso
Mínimo Vital (IMV), según publica hoy el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
Por ahora, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital -aprobado el viernes
en el Consejo de Ministros y cuya reglamentación se ha detallado este
lunes- se han firmado convenios con País Vasco y Navarra. Ayer el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
reclamó al titular del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, poder gestionar
ese ingreso, dada la capacidad y experiencia de esta Comunidad desde
los años 90 tanto con el ingreso mínimo de inserción como más
recientemente con la renta garantizada de ciudadanía.
El real decreto-ley detalla además la concesión de crédito
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500
millones para financiar esta medida en 2020. En una entrevista en la COPE, Escrivá ha subrayado que Navarra y País
Vasco ya podrán gestionar el IMV, pero que para el resto de autonomías
"se abre la posibilidad a un arreglo posterior", porque en estos
momentos "hemos priorizado ser lo más eficaces posibles" y "algunas
autonomías no han demostrado serlo" con prestaciones similares.
"Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere
el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir
de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que
contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo
vital", recoge el BOE.
La norma también recoge la creación de una comisión de seguimiento
del Ingreso Mínimo Vital como órgano de cooperación administrativa para
el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y
de un consejo consultivo sobre la medida.
El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070
euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá
del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros
al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al
menos cinco personas. El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la
Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se
quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente
2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.