JUSTICIA
La Fiscalía descarta poner a cero el contador de los plazos procesales
EFE | La Fiscalía General del Estado ha renunciado finalmente a reclamar que
los plazos procesales en las causas complejas, que afectan
principalmente a casos de corrupción, vuelvan a contar de cero al
reanudarse la actividad judicial y acepta que sólo se les descuente los
meses de parón por el Covid.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha decantado por esta
opción "por cautela" en el último Decreto que ha emitido ante la
desescalada judicial. Entiende que renunciando a su postura inicial evita que la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que está elaborando el
Ministerio de Justicia y que en su tramitación parlamentaria podría
sufrir modificaciones, pueda causar cualquier "perjuicio" a las causas
por el cómputo de los plazos.
La Fiscalía sigue defendiendo que los plazos de instrucción previstos en
el artículo 324 de la LECrim "son auténticos plazos procesales y, como
tales, su cómputo debe reiniciarse a partir del día 5 de junio", de
conformidad "con la taxativa y expresa previsión del legislador" en el
Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas por el
Covid en el ámbito de la Justicia.
Sin embargo, al estar siendo esta ley "objeto de tramitación
parlamentaria como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia -lo
que puede dar lugar a una posible modificación de su redacción actual-",
y a fin de evitar perjuicios a la tutela judicial efectiva o a las
investigaciones judiciales, se insta a los fiscales a pedir la prorroga
"por el criterio de la reanudación del cómputo de los plazos".
Esos plazos, recuerda el Decreto, fueron suspendidos entre el 14 de
marzo y 4 de junio de 2020, fecha de su reactivación, por lo que esos
serán los días que tendrán que ser descontados.
"El deber de cautela apuntado deberá atenderse especialmente en las
causas con preso y en los procedimientos de especial trascendencia",
destaca también la Fiscalía.
La decisión sobre los plazos procesales afecta a causas mediáticas de
corrupción como Púnica, cuyo plazo de instrucción finalizaba este mes de
junio, Lezo, el caso Pujol o el caso Villarejo, el único de los que se
instruye en la Audiencia Nacional que cuenta con alguien en prisión. El decreto establece una serie de pautas de cara al "nuevo escenario que
la activación de la fase 3 de la desescalada en la Justicia traerá el
próximo día 9" y ante la reanudación de los plazos procesales.
Entre esas medidas, destaca también la reanudación de las visitas o
inspecciones físicas a las residencias de mayores, así como a centros de
personas discapacitadas, a prisiones y a centros de internamientos de
extranjeros, de protección y de menores, "siempre con estricto
cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias".