EFE | El
nuevo impuesto a determinados servicios digitales, la llamada "tasa
Google", continúa su tramitación parlamentaria tras superar las
enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Ciudadanos con el
objetivo de adaptar la fiscalidad a la economía del siglo XXI.
El Pleno del Congreso ha rechazado, con 198 votos en contra y 148 a
favor, las enmiendas de veto de PP, VOX y Ciudadanos que pretendían
evitar la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales. De esta forma, este Proyecto de Ley, por el que el
Ejecutivo pretende anticipar la implantación de un nuevo impuesto de
servicios digitales mientras se consensúa un gravamen a nivel
internacional o europeo, pasará a la Comisión de Hacienda de Congreso
para empezar a debatirse las más de 90 enmiendas parciales que se han
registrado.
La ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, ha defendido que este tributo adapta la fiscalidad empresarial
española a la economía digital, una "fiscalidad del siglo XXI" que
pretende resolver las deficiencias del actual sistema a la hora de
gravar negocios capaces de funcionar sin presencia física o de crear
valor con la contribución de los usuarios finales.
Sin embargo, PP, VOX y Ciudadanos han criticado que el Gobierno pretenda
poner en marcha este tributo antes de que exista una armonización
internacional, lo que a su juicio podría perjudicar a la economía
española.
El diputado del PP Javier Bas ha
considerado que "este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en
organismos internacionales" y ha criticado el "afán recaudatorio innato
en la izquierda". En la misma línea, el diputado de
VOX Rodrigo Jiménez ha señalado que el Gobierno opta por "una brutal
subida de impuestos" en lugar de reducir gastos, lo que "provocará una
mayor recesión y menor inversión y, por tanto, menor recaudación".
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez ha
señalado que aunque "está de acuerdo" en concreto con este impuesto,
"ahora no es el momento" y ha pedido esperar a un acuerdo internacional.
Montero ha criticado que este planteamiento no es "ultraliberal, sino
ultrainfantil" y roza la irresponsabilidad al ignorar que se necesitan
recursos para sostener el Estado del bienestar, una "fachada" que no se
corresponde con la reclamación de mayor gasto público que estos mismos
partidos han hecho durante la pandemia.
La "tasa
Google" pretende gravar con un 3 % los ingresos que las grandes
tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea,
servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir
de información proporcionada por el usuario, con lo que quedarían
excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico
minorista. Con este impuesto, el Ejecutivo pretendía
recaudar unos 1.200 millones de euros, aunque posteriormente rebajó esta
cifra a unos 968 euros por la ralentización económica incluso sin tener
en cuenta el impacto de la COVID-19.
Afectará a las
empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones
en España, por lo que la ministra ha rechazado las críticas lanzadas por
los tres grupos sobre el incremento de costes que esta tasa supondría
para las pymes. El Gobierno, además, dejará en
suspenso la liquidación de este impuesto hasta al menos el 20 de
diciembre de este año, pero en sus enmiendas PP y Ciudadanos piden que
se retrase al 1 de enero de 2021.
También alertaban
los grupos de posibles represalias por parte de EEUU a España, como ya
ha ocurrido esta semana con la apertura de una investigación por parte
de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos.
El Gobierno ya ha anunciado que mantendrá el impuesto porque no
discrimina a ninguna empresa por su nacionalidad y porque se aplicará
por criterios objetivos, basados en la facturación de las compañías y
con la máxima de que se paguen los impuestos allí donde se obtienen los
beneficios.