EFE | El
Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la ley
de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia, según ha anunciado en el Parlamento el vicepresidente segundo
del Gobierno, Pablo Iglesias, que bautizó este proyecto como ley
Rhodes.
"Esta ley estaba llamada a ser el primer proyecto que sacara adelante
esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la
llegada de la pandemia, aunque ya estaba prácticamente lista", ha
explicado Iglesias durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
El vicepresidente ha asegurado que se está trabajando
para que sea en esa próxima reunión del Consejo de Ministro del martes 9
de junio cuando "vea la luz esta ley, que va a ser fundamental para
proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país",
y ha reconocido que le "llena de orgullo" poder impulsarla desde su
departamento de Derechos Sociales.
"La aprobación de
esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y
futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de
violencia", ha aseverado Iglesias. Ha destacado que
"no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad
execrable, como es el maltrato y la violencia contra niños, sino que
también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias
físicas, emocionales y psicológicas".
La ley establece el deber para todos los ciudadanos de
denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia
ejercida sobre menores. "Es una ley que está diseñada
para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la
violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la
invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentra muchas
veces detrás de su propia reproducción", ha indicado Iglesias.
Además, crea una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y
protección" en los centros educativos, donde se establecen protocolos de
actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual,
violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de
violencia.
El plazo de prescripción de los delitos
graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya
cumplido 30 años, se crean unidades especializadas en las fuerzas y
cuerpos de seguridad, la formación especializada a jueces y fiscales y
se fijan protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de
menores. La nueva legislación también crea un
Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia,
ha recordado Iglesias.