EFE | La
Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado asumir la investigación que
dirigía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la
construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que
podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan
Carlos de Borbón.
La investigación se centrará en "delimitar o descartar" la relevancia
penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I
dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le
reconoce la Constitución, según ha informado el ministerio público en
un comunicado. Según la Fiscalía, "resulta precisa la práctica de nuevas diligencias
que afectan directamente al rey emérito", que está aforado ante el
Tribunal Supremo.
La investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción
a finales de 2018 para investigar las posibles comisiones pagadas en la
adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011.
En este caso, la Fiscalía del Supremo centrará sus pesquisas en la
fase II de la construcción del llamado "AVE del desierto", que une las
ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
"Dada la transcendencia institucional de esta investigación", la
fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado al fiscal de
Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, que dirija la
investigación, auxiliado por otros tres fiscales, "que asumirán la
innegable complejidad técnica" de las diligencias.
Hace unos meses Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza
para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de
euros desde una fundación panameña -llamada Lucum y supuestamente
vinculada a Juan Carlos I- a una cuenta de su amiga Corinna Larsen.
Precisamente fue una conversación de Larsen con el excomisario José
Villarejo -en prisión desde 2017- la que dio origen a estas diligencias,
que discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra
contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la
Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100
millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y
sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la
fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el
beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.
En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de
Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el
monarca habría reservado un millón para otra "antigua amante" residente
en Ginebra.
A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un
comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo "no solicitado" del
rey emérito, "quien lo describió como una forma de donación para ella y
su hijo, con los cuales él se había encariñado".
Paralelamente, a mediados de marzo, el diario británico The Telegrah
publicó que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de una cuenta de
la fundación panameña vinculada a su padre, lo que le llevó a anunciar
que renunciaba a su herencia y retiraba la asignación al rey emérito.
En dicha conversación, grabada por Villarejo, Corinna habló de un
terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito y de
cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por
testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans.
Aludió a comisiones que podrían ascender a 80 millones de euros
abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la
mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o
parte, a don Juan Carlos.