CATALUÑA
El fiscal pide 10 años a Trapero por sedición o 60.000 euros por desobediencia
EFE | El
fiscal ha anunciado hoy la rebaja de su acusación al mayor de
los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de 11 años de cárcel por
rebelión a 10 años por sedición, y ha ofrecido como alternativa poder
condenarle a 60.000 euros de multa por desobediencia, lo que le libraría
de la cárcel.
La decisión de retirar la acusación por el delito de rebelión en
consonancia con la sentencia del "procés", además de a Trapero,
beneficia a los otros dos acusados por ese delito y que también se
enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos Pere Soler y
el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del
exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.
De este modo, el teniente fiscal de la Audiencia
Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reducido su petición de pena para
estos tres acusados en 10 años de cárcel por sedición y, en caso de que
el tribunal no considere probado ese delito, ofrece como alternativa
condenarles a 60.000 euros de multa a cada uno por desobediencia e
inhabilitación especial por 1 año y 8 meses. Para la
tercera acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, ha
mantenido su petición de 4 años por sedición con la alternativa de
30.000 euros de multa y un año de inhabilitación por desobediencia.
Por el delito de sedición, el fiscal reclama también la
inhabilitación absoluta equivalente a los años de condena, "con la
consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos
públicos que tenga el penado, aunque sean electivos" o "cualesquiera
otros honores". En su escrito de conclusiones
definitivas, que ha entregado el fiscal a la sección primera de lo Penal
de la Audiencia Nacional, que juzga estos hechos, y que ha sido
facilitado a los medios por la Fiscalía General, Carballo esgrime como
prueba de cargo, entre otras, la documentación que tres mossos
transportaron en una furgoneta, que fue interceptada por la Policía
Nacional "camino de su destrucción en una incineradora".
En ese dispositivo los agentes "encontraron documentos
que evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos
d'Esquadra como era no impedir el referéndum y colaborar con los líderes
independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría
de concluir con la independencia de Cataluña". El
fiscal destaca además la "relevancia" de los Mossos d'Esquadra en los
planes independentista por su "capacidad investigadora e intimidatoria",
lo que fue "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la
celebración del referéndum".
Para ello, añade, se
dedicaron "a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la
realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su
labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".
Como prueba de ello menciona el documento llamado Enfocats, conocido
como la hoja de ruta del "procés", y la agenda Moleskine, intervenidos
al que fuera segundo del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep María
Jove, en el registro de la Consellería de Economía el 20 de septiembre
de 2017, que se produjo en mitad de una multitudinaria protesta.
Ese día dos vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves destrozos y
la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio a medianoche por
el tejado.
Sobre este episodio, previo al referéndum,
el fiscal asegura que Trapero y Laplana "cooperaron de forma decisiva"
con los fines perseguidos por las instituciones catalanas y por las
asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes,
conocidos como los Jordis, se encuentran en prisión por estos hechos.
Esa colaboración que el fiscal les atribuye consistió en impedir "el
desarrollo de la diligencia judicial", "propiciando con su deliberada
pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas
en actitud obstaculizadora y hostil".
A Trapero le
acusa además de haber diseñado "de forma deliberada unos mecanismos de
actuación" para impedir que los agentes bajo su mando pudieran cumplir
"con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" en
contra del 1-O. Considera además que hizo una
"utilización ilícita" para "informar de las investigaciones policiales y
judiciales que se estaban realizando" a los políticos independentistas.
Respecto a Pere Soler, el fiscal sostiene que dio "cobertura y
protección a las personas implicadas en la organización del referéndum",
mientras que a César Puig, le acusa de alertar de la actuación de los
otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del
"procés". El juicio, que comenzó el 20 de enero y que
se ha retomado este lunes tras el parón por el coronavirus, continuará
el próximo lunes, día 15, con las conclusiones de las defensas, que
reclamarán la absolución, y la exposición del informe del fiscal para
sostener su acusación.