LEY DE LA INFANCIA
El Gobierno aprueba la ley de la infancia y apela al consenso para mejorarla
EFE | El
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Pablo Iglesias, ha asumido el compromiso de intentar lograr un "amplio
consenso" en el Parlamento para mejorar y aprobar la ley de infancia
frente a la violencia, y ha pedido perdón a las víctimas para las que
llega tarde. "Las ideologías no pueden separarnos en una normativa" que proteja los
derechos de los niños y jóvenes frente a la violencia, ha dicho
Iglesias, quien ha asegurado que se va a "esforzar mucho para que así
sea".
El ministro de Derechos Sociales ha explicado que el Gobierno no
quería retrasar más la tramitación de la ley, que ha sido estudiada por
varios gobiernos, y ha confiado en que "el trámite de enmiendas puede
contribuir a mejorarla", incluyendo a través de los grupos
parlamentarios algunas aportaciones para completarla.
La ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia, "que estaba prácticamente acabada antes de la pandemia y que
ha tenido que ser retrasada hasta hoy", ha sido traslada al Consejo de
Ministros por la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto a los
ministerios de Justicia, Interior y Educación, con aportaciones de
Igualdad.
Iglesias ha destacado la importancia de su enfoque integral porque
protegerá a los niños en todos los ámbitos y su prioridad es la
prevención y "establecer barreras de protección para los niños".
Se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación
de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante
la autoridad competente, aun cuando no sea constitutiva de delito; un
deber más exigente para los colectivos profesionales que tengan un
contacto habitual con los niños.
"Se trata de implicar a toda la sociedad y acabar con la impunidad"
para que no se encare la violencia contra los niños "como un problema
privado, sino social". En este sentido, ha recordado que obliga a denunciar al cónyuge y a
los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho
delictivo cuando se trate de un delito grave contra un menor, y a los
jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida (la que no
tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento) cuando la víctima
tenga menos de 14 años.
"Muchas víctimas tiene miedo a denunciar cuando tienen que declarar
muchas veces, para eso se va a trabajar para que los menores de 14 no lo
tengan que hacer reiteradamente y revivir el horror que han podido
sufrir". Además, será obligatoria la privación de la patria potestad a los
penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el
autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera
su hijo. "Un asesino machista jamás puede ser un buen padre ni tendrá la
patria potestad".
En el ámbito escolar, habrá un coordinador de bienestar y protección
en los centros, encargado de vigilar los protocolos de actuación frente a
indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de
género y cualquier otra forma de violencia en los colegios y en los
centros de ocio. La ley perseguirá nuevos delitos cometidos a través de internet,
incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o
la promoción de trastornos alimenticios.
Así, la difusión a través de internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de contenidos destinados a promover, fomentar o incitar
al suicidio de menores o personas con discapacidad de especial
protección será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años. Se regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de
Protección de Datos para garantizar una adecuada protección y la rápida
retirada de internet de los contenidos que atenten gravemente contra el
mismo.
En la nueva regulación a los delitos de odio, incorpora la edad como
causa de discriminación, incluyendo la aporofobia y la exclusión social
dentro de estos tipos penales del Código Penal.
"Con la ley se garantiza la formación en derechos de la infancia de
los profesionales que tengan contacto habitual y se aseguran la
existencia de unidades especializadas en la Policía" y espacios de
formación de jueces y fiscales.
Iglesias ha destacado que es "crucial" que las víctimas puedan
denunciar los abusos sexuales hasta que cumplan los 30 años, y no hasta
los 18 como ocurre ahora, porque "muchas víctimas necesitan ese proceso
de maduración" para atreverse a denunciar. De esta forma "se evita
situaciones de impunidad que han sido escandalosas".
Se prohíbe la publicidad que pueda provocar en menores conductas
violentas o que integren estereotipos de carácter sexista, racista,
estético o de carácter homofóbico o transfóbico. La ley endurece las condiciones para el acceso al tercer grado de
clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos
penitenciarios a las personas penadas por delitos que atenten contra la
indemnidad y libertad sexuales de personas menores de 16 años.
La ley, que también se conoce como ley Rhodes, conlleva la reforma de
una decena de leyes e incorpora una definición amplia de violencia, que
abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional,
incluidos los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la
infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los
menores como titulares de derechos subjetivos.
El vicepresidente segundo del Gobierno ha agradecido su aportación
en la protección de los menores de los trabajadores sociales y los
colectivos sociales, y ha acabado pidiendo perdón por haber llegado
tarde para muchas de las víctimas que sin esta ley se han sentido
desprotegidas.