EFE | Todos los partidos políticos, excepto VOX que se abstendrá, darán el sí
al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que persigue frenar la pobreza en
las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos y que
irá desde una renta mínima de 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales.
El Pleno del Congreso ha apoyado con 297 votos a favor, 52 abstenciones y
ningún voto en contra la convalidación del Real Decreto-Ley que regula
esta renta mínima y a la que finalmente el PP ha sumado sus votos
positivos y VOX sus abstenciones.
Asimismo, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han coincidido en que se trata
de una de las medidas con mayor capacidad de redistribución de rentas y
que "dignifica el país".
Escrivá ha explicado que el ingreso mínimo ha sido calculado con
precisión ya que se adaptará a las necesidades de cada solicitante,
teniendo en cuenta la modalidad de familia, sus ingresos y su
patrimonio.
"Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad" ha
dicho Escrivá tras puntualizar que el IMV no sólo luchará contra la
pobreza sino que servirá de palanca para la inclusión social y laboral.
"Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que
sufran carencias", ha señalado tras añadir que su coste de unos 3.000
millones de euros es "perfectamente asumible".
Por su parte, Iglesias ha defendido que es el momento de hacer políticas
expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y ha
dicho que también ayudará a la recuperación económica, ya que la renta
irá "directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir
facturando".
La renta mínima ha recibido el apoyo de todos los partidos políticos,
incluso de VOX que no votará en contra, aunque ha criticado que la
medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo.
Ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por
Sánchez" para ser investido y ha reiterado que el IMV supone un efecto
llamada a los inmigrantes y pone en riesgo el sistema de protección de
la Seguridad Social.
La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente,
aunque algunas formaciones, como PP, Ciudadanos, ERC o JxCAT, han
solicitado su tramitación como proyecto de Ley para introducir cambios.
El PP ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy el que impulsó la
tarjeta social y ha criticado que el Gobierno se "apropie" de las
competencias autonómicas y exceptúe al País Vasco y a Navarra.
El PP ha considerado que lo razonable habría sido presentar un proyecto
de ley pactado con CCAA, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición
y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y
del Consejo Económico y Social.
Ciudadanos ha abogado por que la prestación vaya ligada a un itinerario
de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo
reglamentario mientras que JxCAT ha apostado por analizar la
compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo.
ERC ha considerado que la medida no debe ser reversible y ha incidido en
que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año
entero de bajos ingresos y ha urgido extenderla a las personas en
situación irregular.
Formaciones como el BNG o Más País han considerado que es insuficiente
en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como
UPN han pedido que sea gestionada por todas las Comunidades Autónomas.
CC también ha pedido que sea compatible con las pensiones no contributivas.