EFE | El
nuevo marco por el que se regirán los ERTE relacionados con la pandemia
de la covid-19 hasta el próximo 30 de septiembre está en vigor desde hoy, según el real decreto-ley publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Así, el real decreto-ley -aprobado ayer y fruto del acuerdo entre
patronal, Gobierno y sindicatos- recoge los nuevos esquemas de
exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales para las empresas
acogidas a un ERTE, total o parcial, en los próximos meses y que van
desde el 70 % al 25 %, e incluye un supuesto específico en caso de
rebrotes con exenciones algo mayores. Junto a estos descuentos en los pagos a la Seguridad
Social, el real decreto-ley recoge los aspectos que se mantienen del
anterior acuerdo: mejoras en la protección por desempleo para los
trabajadores afectados o el compromiso de mantener el empleo durante
seis meses.
Para las empresas que se acojan por
primera vez a un ERTE, detalla la norma, este compromiso -que en los
anteriores ERTE empezaba a correr desde que la empresa incorporaba al
primer empleado- comenzará a computar desde este mismo sábado, es decir
no podrán reducir plantilla hasta finales de diciembre.
Las empresas acogidas a ERTE tampoco podrán permitir que sus
trabajadores realicen horas extras, ni podrán llevar a cabo nuevas
contrataciones o subcontrataciones (salvo que se trate de una categoría
profesional que no exista en su empresa).
También se mantiene la imposibilidad de operar en paraísos fiscales o de repartir dividendos.
El texto también establece las medidas de protección a los autónomos
hasta septiembre, a las que están acogidos 1,4 millones, y una
prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de
temporada. Para acceder a esta nueva ayuda, que se
podrá cobrar durante cuatro meses como máximo, el Gobierno establece
varios requisitos como haber estado dado de alta durante al menos cinco
meses en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2018 y 2019 o
no haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los
23.275 euros.
Junto a estas medidas laborales, el
real decreto-ley establece la creación del Fondo Español de Reserva para
Garantías de Entidades Electrointensivas FCPJ (Fergei), dotado
inicialmente con 200 millones de euros, a través del cual el Estado
cubre los riesgos que asumen los consumidores electrointensivos al
adquirir la energía eléctrica mediante contratos a medio y largo plazo.
También ordenan formalizar por escrito en el plazo de un mes los
contratos de trabajo verbales de los pescadores vigentes en el momento
de entrada en vigor del real decreto-ley y reconoce la condición
"ultraperiférica" del archipiélago canario hasta la reanudación del
tráfico aéreo internacional. E incorpora al
ordenamiento jurídico una directiva sobre la repatriación de los
pescadores estableciendo que los armadores de buques pesqueros que
enarbolen pabellón español y entren en un puerto extranjero deberán
suscribir un seguro obligatorio o garantía financiera equivalente que
garantice el derecho de los pescadores enrolados a la repatriación a su
país en determinados supuestos.