FRANCIA
La Justicia francesa condena a los Fillon en el caso de los empleos ficticios
EFE | La Justicia francesa condenó hoy al exprimer ministro francés
Francois Fillon en el llamado caso de los empleos ficticios, un
escándalo que lo alejó del Elíseo en 2017 y dañó su imagen pública, al
desvelar que contrató a su esposa como asistenta parlamentaria sin que
esta ejerciera ese cargo.
El "viacrucis" judicial y mediático comenzó para el ex
jefe de Gobierno de Nicolas Sarkozy en enero de ese mismo año, cuando el
semanario satírico "Le Canard Enchainé" publicó en exclusiva el fraude,
y recibió ahora el veredicto como colofón a un juicio iniciado el
pasado 26 de febrero.
El Tribunal Correccional de París dictó contra él dos
años de prisión firme y otros tres exentos de cumplimiento, además de
una multa de 375.000 euros y diez años de inhabilitación. Como sus
abogados anunciaron que recurrirán la pena, el exjefe del Gobierno quedó
en libertad a la espera de un nuevo juicio.
Su esposa, Penelope, igualmente presente en la sala y
con gesto serio, recibió otra multa idéntica y tres años exentos de
cumplimiento, los mismos que Marc Joulaud, diputado que también la
contrató después de que Fillon le cediera su circunscripción al
convertirse en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac.
Joulaud deberá abonar además 20.000 euros, y entre los tres tienen que
reembolsar más de un millón a la Asamblea Nacional, que se había
constituido como acusación particular.
Un desvio de fondos millonarios
El
desvío total de fondos de forma directa o indirecta se eleva a unos 1,5
millones y el Tribunal dejó claro este lunes que no hay ninguna prueba
tangible que demuestre su trabajo, justifique esa cuantía y sea
proporcional a las actividades atribuidas. Penelope
Fillon estuvo contratada como asistenta de su marido entre 1998 y 2002 y
de 2012 a 2013, y como ayudante de Joulaud de 2002 a 2007.
La sala
tampoco vio justificado su contrato como consejera literaria en la
revista "La Revue des Deux Mondes", propiedad de un empresario cercano
al entonces líder de la derecha. Su empleo "no obedecía a ninguna lógica, ni en términos
de necesidad ni de salario", subrayó la presidenta de la sala, Nathalie
Gavarino, para quien ninguno de los tres acusados, por su experiencia y
formación, podía ignorar que estaban cometiendo una infracción.
El tribunal consideró que Fillon, que de 2005 a 2007 también contrató a
dos de sus hijos, puso en marcha, de forma directa o mediante su
suplente, una organización que permitía desviar para su beneficio
personal los fondos habilitados para el pago de colaboradores.
Juicio marcado por la polémica
Los
ahora condenados tenían la esperanza de que se aceptara su petición de
reabrir la vista oral después de que la exjefa de la Fiscalía Nacional
Financiera Eliane Houlette denunciara presiones de sus superiores
durante la instrucción. El rechazo de esa solicitud tramitada la semana pasada les dejaba como única posibilidad la apelación.
"La sentencia no es justa. Vamos a recurrirla y habrá un nuevo juicio
que será especialmente necesario porque en los últimos días se han visto
las condiciones escandalosas en las que se efectuó la instrucción",
dijo el abogado Antonin Lévy. Tanto Fillon, de 66 años, como su esposa, de 64, estaban
imputados principalmente por malversación de fondos públicos y
apropiación indebida de bienes sociales, mientras que a Joulaud, de 52,
se le atribuía el cargo de malversación de fondos públicos.
Cuando se desató el escándalo, el que fuera jefe del Ejecutivo de
Sarkozy entre 2007 y 2012 era el candidato favorito para las
presidenciales galas de mayo de 2017. No abandonó la contienda electoral
pero acabó tercero en la primera vuelta de esos comicios, que dieron la
victoria a Emmanuel Macron.
Fillon había hecho de la honestidad uno de los pilares
de su identidad política y la polémica no solo afectó a su propio
partido, sino que tuvo también como consecuencia la implantación de
nuevas normas en Francia. Aunque que los diputados
contrataran a familiares como asistentes era una práctica legal y
extendida en el país, el Parlamento la prohibió en agosto de 2017 en el
marco de la ley de "moralización de la vida pública" prometida por
Macron durante su campaña.