EFE | Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners,
Wad-Ras y Puig de les Basses han propuesto, por unanimidad, conceder el
tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en
principio solo tendrían que acudir al centro penitenciario a dormir
entre semana.
Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Medidas
Penales de la Generalitat, Amand Calderó, las cárceles han revisado este
jueves la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas
presos, que desde el pasado mes de enero están en segundo grado, aunque
flexibilizado con el artículo 100.2, que les permite salir a trabajar y
hacer tareas de voluntariado.
Con la propuesta de las juntas de tratamiento, que en un plazo
máximo de dos meses debe ser ratificada por la Secretaría de Medidas
Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para hacerse efectiva, los
presos del "procés" tendrían que ir únicamente a dormir a la cárcel, de
lunes a viernes, y pasarían el fin de semana en sus casas. Los reclusos podrán acceder a la libertad en cuanto lo ratifique la
Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía
-que hasta ahora se ha opuesto a todas las flexibilizaciones
penitenciarias de los presos- ante el juzgado de vigilancia y, a
diferencia del 100.2., la última palabra la tendría el Supremo, como
tribunal sentenciador.
Con el tercer grado, los nueve internos podrían ir a dormir a centros
penitenciarios abiertos, a las llamadas "unidades de dependientes"
-viviendas compartidas para presos en semilibertad bajo supervisión- o
incluso a su casa, si se les aplicara en un futuro el artículo 86.4 del
reglamento penitenciario que se utilizó para excarcelar reclusos durante
la pandemia. A diferencia del pasado mes de diciembre, en que las juntas de
tratamiento propusieron el segundo grado a los líderes del "procés" en
contra del criterio de algunos de sus miembros, la decisión de hoy ha
sido acordada de forma unánime por la treintena de técnicos que integran
los equipos de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses.
Los líderes del "procés" tienen la posibilidad de acceder al régimen
de semilibertad cuando llevan internos entre dos años y medio y tres y,
desde el pasado mes de febrero, disfrutan de salidas semanales para
trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares dependendientes. En la rueda de prensa, Calderó ha precisado que las juntas se han
reunido simultáneamente a las 9 horas de esta mañana para "proteger de
amenazas y coacciones a los funcionarios de la Generalitat", después de
que en pleno confinamiento por la pandemia el Tribunal Supremo
advirtiera de que actuaría contra ellos si excarcelaban a los líderes
independentistas.
La decisión de proponer la semilibertad a los presos del "procés" la
han adoptado 30 profesionales diferentes de las tres cárceles que, ha
precisado el secretario, han valorado la conducta, la adaptación al
centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes y el
riesgo de reincidencia de los internos. En ese sentido, ha insistido en que los funcionarios "deben trabajar
en libertad", por lo que ha hecho un llamamiento a confiar en los
profesionales, y ha pedido que "nadie se equivoque de adversario"
criticando las decisiones de las juntas puesto que éstas no deben ser
"armas arrojadizas".
Calderó ha mantenido que la cárcel "no es espacio ni para el castigo
ni para la venganza, sino un ámbito de rehabilitación", un principio
reconocido en el Estatut y la Constitución que, en su opinión, debe
tener en cuenta "todo el mundo, incluso los que blanden la Carta Magna
cada día". El secretario ha invocado el artículo 72.4 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, que impide mantener clasificado en un grado inferior a
un preso que reúna las condiciones para acceder al superior.
Ante las tentaciones de atacar las decisiones de los funcionarios de
las cárceles, Calderó ha alertado de que la ejecución de la sentencia
del "procés' no está sobre la mesa de ningún conseller ni presidente" de
la Generalitat, porque si dependiera del Govern "nunca habrían estado
en la cárcel". En opinión del secretario, "ninguna convicción personal de ningún
conseller o miembro de la junta de tratamiento puede modificar ninguna
sentencia", por lo que atribuir las decisiones sobre los presos a
motivos partidistas sería "mirar al dedo y no a la Luna".