EFE | El
antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde
este lunes el juicio por la reclamación del Estado de la propiedad del
Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco, en el que
intervendrán a lo largo de tres días un total de 17 testigos.
El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña celebrará este
juicio los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio, de 9.30 a 15.00 horas, y el
Estado reclama a la familia Franco la propiedad del inmueble, ubicado en
Sada (A Coruña), detallan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia.
En la causa figura como parte demandante la Abogacía del Estado y
como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad
están la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y
A Coruña.
Como parte demandada se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.
El primer día de juicio, este lunes, comparecerán como testigos
un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un
funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, el secretario particular de
Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo tras el
fallecimiento de Francisco Franco y el alcalde de Sada desde 1979 hasta
2007.
También declarará un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco,
suegro de una de las demandadas y que asumió labores de gestión sobre
la rehabilitación del pazo tras su incendio y parcial destrucción en
1978.
El próximo martes, la sala escuchará a los coautores del
informe sobre actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras
de A Coruña, en el Pazo de Meirás, y coautores del libro 'Meirás, un
pazo, un caudillo, un expolio', así como al presidente de la Comisión de
Expertos de la Xunta que realizó, en junio de 2018, el informe sobre
las posibilidades de incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás.
Al día siguiente, 8 de julio, declararán tres profesores
universitarios miembros de la Comisión de Expertos de la Xunta y cuatro
peritos de la empresa Tragsatec.
El 9 de julio, jueves, está reservado para las conclusiones y, el 10, por si los días previos fueran insuficientes. La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en este juicio
se centrará en demostrar la irregularidad de la compra por Francisco
Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado.
Pretende demostrar así que la compra del inmueble fue "simulada y
fraudulenta", un argumento que sostendrá con "un documento clave que
demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el Pazo de
Meirás a su nombre", lo que constituiría en la actualidad un supuesto
delito de falsedad en documento público.
Por su parte, los herederos de Franco alegan que han poseído
como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble,
en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.
Además, la defensa de los nietos de Franco asegura que pagaba
los impuestos correspondientes y que se imputaba los gastos, ingresos y
rendimientos en su cuota tributaria, mientras que la Abogacía del Estado
sostiene que los impuestos se pagaban con dinero público.