EFE | El Gobierno considera que las posibles medidas que se puedan adoptar
sobre el rey Juan Carlos es un asunto que "compete fundamentalmente" a
Felipe VI, al tiempo que es partidario de limitar la inviolabilidad del
jefe del Estado al ejercicio de su cargo porque "no hay espacio para la
impunidad".
El Ejecutivo ha vuelto a referirse a la situación del rey emérito ante
las nuevas informaciones aparecidas sobre el presunto dinero oculto que
tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a su
amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
calificase de "inquietantes y perturbadoras" las noticias publicadas, la
vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha incidido hoy en
que "no tienen que ver con la situación de comportamiento constitucional
absolutamente correcto" de Felipe VI.
Preguntada por si se están estudiando posibles salidas para Juan
Carlos I para distanciarlo aún más de la Jefatura del Estado, Calvo ha
respondido que esa decisión "compete fundamentalmente a la que tome el
jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI".
"El Gobierno trabaja para que las instituciones funcionen de
forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo
constitucional de manera perfecta", ha añadido Calvo en declaraciones en
los medios antes de participar en un acto en Salamanca.
Don Juan Carlos sigue siendo miembro de la Familia Real y mantiene su residencia en el Palacio de la Zarzuela.
De acuerdo con uno de los decretos que se aprobó tras su
abdicación en junio de 2014, conserva de forma vitalicia "el uso con
carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad".
La Casa Real no ha entrado en el debate de qué salidas se
podrían barajar y se ciñe al comunicado que emitió el pasado 15 de
marzo, en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le
retiraba la asignación que recibía del Estado.
Tras el relevo en la Corona, Juan Carlos I dejo de tener
inviolabilidad y pasó a ser aforado, como los miembros del Gobierno y
los parlamentarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que es
partidario de que la inviolabilidad del rey se limite al ejercicio de su
cargo y no cubra los eventuales delitos que pudiera cometer en su vida
privada.
"No hay espacio para la impunidad en nuestro país", ha dicho
Sánchez en una entrevista con Infolibre y el Diario.es, en la que ha
insistido en que Felipe VI "se está distanciando claramente de esas
supuestas prácticas reprobables" de su padre y que es preciso dejar
trabajar a la justicia.
A juicio del presidente, es preciso "reflexionar" sobre el
principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y "ver
qué solución se le da", para lo cual habría que modificar la carta
magna.
"La Constitución tiene que evolucionar conforme a las exigencias
de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", ha sostenido.
No es la primera vez que Sánchez defiende acotar la inviolabilidad del rey.
En diciembre de 2018, con motivo del 40 aniversario de la
Constitución y ya como jefe del Ejecutivo, abogó por suprimirla y opinó
que Felipe VI sería favorable a acabar con esa prerrogativa.
En junio de 2014, cuando sopesaba ser candidato a la secretaria
general del PSOE y en puertas del relevo en la Corona, Sánchez defendió
abrir un debate sobre los "privilegios" de la monarquía y consideró
"inexcusable" acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado.
Entre las noticias divulgadas hoy, está el contrato por el que
el rey emérito traspasó 65 millones a Corinna en 2012 desde una cuenta
en Suiza a otra abierta en Bahamas.
En el documento, firmado por ambos, se estipulaba que la
donación quedaba desvinculada de la herencia del rey emérito y a ella no
podrían acceder sus tres hijos, según el documento revelado por El
Español.