EFE | Siete
partidos de Bélgica lograron esta madrugada un preacuerdo sobre el
contenido de un pacto para una coalición de Gobierno que saque al país
de su mayor récord sin un Ejecutivo en funciones plenas, aunque aún
deberán acordar el reparto de carteras y el nombre del primer ministro.
Las siete formaciones, de cuatro familias políticas (socialistas,
liberales y ecologistas tanto flamencos como francófonos, más los
democristianos flamencos), han logrado avanzar en las negociaciones para
intentar dotar al país de un Gobierno este jueves, cuando
concluye en principio el mandato de la actual primera ministra en
funciones, la liberal francófona Sophie Wilmès. Según la agencia Belga, el pacto de Gobierno incluye 3.300 millones
de euros para nuevas políticas, 1.000 millones para inversiones y un
aumento del gasto en sanidad del 2,5 % por año.
Ahora, los presidentes de los siete partidos han iniciado la
discusión sobre el reparto de cargos y, en especial, sobre quién será el
nuevo primer ministro, que en teoría debería recaer en uno de los dos
que han encabezado las negociaciones: el socialista francófono del PS
Paul Magnette o el liberal flamenco Alexander De Croo (Open Vld).
Para el jueves, se ha incluido en el orden del día del Parlamento una
declaración gubernamental y, si los partidos logran acordar el nombre
del jefe del Ejecutivo esta mañana, podrán celebrar esta tarde sus
congresos de participación. El Consejo de ministros deberá, como manda la Constitución del país, mantener un equilibrio entre flamencos y francófonos.
No participa en las negociaciones de la coalición de Gobierno el
partido que ganó las elecciones de mayo de 2019, los soberanistas
flamencos de la N-VA, el partido más votado en Flandes (región norte)
seguido de la extrema derecha del Vlaams Belang. Bélgica lleva con un Ejecutivo en funciones desde diciembre de 2018
desde que cayó el que presidía el liberal francófono Charles Michel, hoy
presidente del Consejo Europeo, precisamente por la marcha de la
coalición gubernamental de la N-VA por su oposición a que Bélgica se
comprometiera con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular de la ONU.