EFE | La
industria del aluminio primario en Galicia se encuentra al borde del
abismo después de que fracasaran las negociaciones entre Alcoa y la GFG
Alliance -Liberty House- para la venta de la factoría de San Cibrao
(Lugo) y de que terminase sin acuerdo entre la compañía y el comité el
período de consultas para la posible aplicación de un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Fuentes de Alcoa han recordado a EFE que ahora "la empresa dispone de
quince días para tomar una decisión", una vez que el período de
consultas ha terminado sin un acuerdo entre las partes, pero en relación
"con el despido colectivo" de 534 trabajadores de la planta de aluminio
primario "no la ha tomado todavía". Durante las negociaciones para la venta de la planta de aluminio
primario, la multinacional estadounidense Alcoa insistió en la necesidad
de realizar un proceso ordenado de "hibernación de las cubas", una
línea roja que el comité de empresa no está dispuesto a traspasar,
porque recuerda que son "el corazón de la fábrica" y detenerlas
supondría "la muerte" del complejo industrial de San Cibrao.
A la
espera de una decisión que se producirá en cuestión de días, si llega a
materializarse el despido de esos 534 trabajadores, en la práctica sería
como cerrar la fábrica, porque la plantilla de la planta de aluminio
primario está formada por 610 personas.En cuanto a la incidencia
de esa decisión en el empleo, a ese medio millar de trabajadores
afectados se sumarían otros tantos de las empresas auxiliares que
prestan servicio en el complejo.
En estas circunstancias, si Alcoa no acepta las condiciones de GFG
Alliance o de la SEPI para la venta de la planta, el comité de empresa
insiste en que la única solución viable para garantizar el futuro de la
fábrica, la única que produce aluminio primario en España, pasa por una
intervención pública de la propia factoría.
Aunque la Xunta de
Galicia y el Gobierno de España hicieron público su malestar y
"decepción" por la "intransigencia" de Alcoa en el proceso de venta, la
multinacional asegura que siempre ha obrado de "buena fe", pero dentro
de unos "principios razonables" y siempre "limitados" a la factoría de
aluminio primario, porque la refinería "de alúmina no está en venta". "Las
condiciones no razonables y fuera del acuerdo" alcanzado con la
representación de los trabajadores "se han mantenido desde el principio
por parte de GFG Alliance -Liberty House-, y las condiciones ofertadas
por la SEPI eran prácticamente las mismas", añade la multinacional.
Unas condiciones, insiste, que "no garantizaban la viabilidad de la
fábrica ni la protección de los trabajadores", porque Alcoa estaba
dispuesta a crear un fondo dotado "con 70 millones de dólares -59,8
millones de euros-", pero "Liberty House no quería aportar nada". Además,
recuerda la multinacional, "Alcoa estaba dispuesta a vender la planta
por un euro y a asumir los costes de separación de ambas fábricas,
cifrados en unos 50 millones de euros".
Sin embargo, "la oferta
también de la SEPI exigía un stock, un almacenamiento de alúmina, para
60 días", lo que tendría "un coste añadido" para Alcoa de unos 20
millones de dólares -unos 17 millones de euros-.Según la
multinacional, "el coste de la energía eléctrica en España hace inviable
la producción de aluminio primario" porque el país carece "de un marco
energético estable y competitivo", que "Alcoa lleva años reclamando",
dado que la factura energética supone entre el 40 y el 45 % de los
costes de producción del aluminio.
Recuerda, asimismo, que Alcoa es "el primer consumidor unitario de
energía eléctrica de España", dado que consume "el 1,5 % del total en
España", lo que ha llevado a la compañía, con la actual regulación, a
perder "110 millones de euros entre 2018 y 2019". En estos momentos, asegura, "las pérdidas continúan", a razón de "un millón de euros a la semana".
El
presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, sostiene que "la
mejor opción" para la multinacional sería "negociar la venta" conjunta
de las dos plantas, tanto la de aluminio primario como la refinería de
alúmina. Sería, añade, "una salida digna para Alcoa de este país",
después "de tantos años recibiendo dinero público". Opina que la
dirección de Alcoa debería "reflexionar" y volver "a la mesa de
negociación, y más cuando "un organismo público" como la SEPI está
dispuesto a comprar la fábrica para darle viabilidad en el futuro.
Entretanto, los alcaldes de los dos municipios mariñanos sobre los
que asienta el complejo industrial de Alcoa San Cibrao, Cervo y Xove,
reconocen que no existe un "plan B" para mantener la actividad económica
de la comarca si finalmente se cierra la planta de aluminio primario. En
cuanto a la situación de la antigua Alcoa en A Coruña y Avilés, ahora
Alu Ibérica con el Grupo Riesgo como máximo accionista, atraviesa una
senda de inversiones para producir aluminio verde y también de
conflictos laborales, con varios expedientes abiertos en ambas factorías
por ofensas verbales, entre otros motivos.
Los sindicatos avisan
de que Riesgo no está cumpliendo con ningún plan industrial sino que "lo
que busca es la nula actividad de las plantas de Avilés y A Coruña",
mientras que el inversor aspira a convertirse "en uno de los principales
productores de aluminio verde en el sur de Europa" y situarse "a la
cabeza del mercado nacional e internacional para un producto que cuenta
con una demanda creciente".