EFE | El Gobierno ha decretado este viernes el estado de alarma en Madrid
para poder mantener el confinamiento perimetral, al negarse la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a pactar una fórmula legal que
preservara el cierre ordenado por el Ministerio de Sanidad y anulado
ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de visita en Barcelona con el rey,
ha pulsado el botón de emergencia mientras Díaz Ayuso pedía de nuevo
tiempo, tras agotar las 24 horas que había tenido para presentar un plan
alternativo y cuando ya se había esfumado el enésimo intento de
mediación de su vicepresidente, Ignacio Aguado.
Decisiones y cálculos repetidos, entre desencuentros y reproches en
ambas direcciones, mientras el coronavirus sigue su letal camino, ajeno a
las disputas políticas, con 261.762 contagios y 9.739 muertes en una
región que desde el mes de agosto está por encima de los niveles de
contagio que la Organización Mundial de la Salud considera alarmantes. El estado de alarma, aprobado sobre las 14.00 horas por el Consejo de
Ministros por los 15 días fijados inicialmente por la ley, posibilita
que siga vigente el confinamiento perimetral de Madrid y otras ocho
ciudades de más de 100.000 habitantes de su conurbación: Alcobendas,
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de
Ardoz. Alcalá de Henares queda fuera al haber mejorado sus datos.
Casi tres horas después, a las 16:50 horas, la medida entraba en vigor
tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se ponía en
marcha la operación especial de control con unos 7.000 policías, que
hasta entonces nada pudieron hacer por evitar las salidas habituales en
un fin de semana, que en esta ocasión coincidía con el inicio del puente
del 12 de octubre. Esa circunstancia ha pesado de forma especial en la urgencia de la
medida adoptada por el Gobierno porque se trataba de evitar la salida de
la capital de miles de madrileños hacia sus segundas viviendas o zonas
de descanso en la costa o en el interior, ante el temor expresado por
diversos presidente autonómicos.
Posiciones encontradas
Previamente las posiciones habían quedado perfectamente fijadas. Por
parte del Gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había
defendido su estrategia jurídica con menos sobriedad de palabra de la
que acostumbra: “La presidenta de Madrid ha decidido no hacer nada.
Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus... La paciencia
tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver". Tras poner como ejemplo las restricciones adoptadas en París, Berlín o
Londres, con una incidencia mucho menor de contagios, Illa ha dicho que
"la obligación de cualquier Gobierno con alma es frenar al virus, aunque
suponga sacrificios" y ha remarcado, en un reconocible símil de
porcentajes: "En política, el 99% es discutible, pero el 1% es
indiscutible y que en Madrid hay transmisión comunitaria es
indiscutible.
Las hostilidades están servidas, en directo, en diferido y hasta
anticipadamente, porque, mientras estaba reunido el Consejo de
Ministros, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha
comparecido en rueda de prensa para dejar claras sus intenciones: "Cada
día que pase pediremos, con datos, que se levante el estado de alarma". Ruiz Escudero ha hecho esta advertencia junto con la propuesta del
Gobierno de la Comunidad de Madrid para contener la pandemia: restringir
la movilidad en 51 zonas básicas de salud con criterios más duros que
antes, bajando la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada cien mil
habitantes a 750.
Con el respaldo a Díaz Ayuso del líder del PP, Pablo Casado, que ha
acusado a Pedro Sánchez, de intervenir Madrid con "fines partidistas" y
de "demonizar" a los madrileños, el alcalde de Madrid y portavoz
popular, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado el estado de alarma
de 155 sanitario.
De nuevo se ha quedado sólo en mitad del escenario el vicepresidente
Ignacio Aguado (Cs), que ha escrito en su cuenta de Twitter: “La
declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había
alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las
consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”. ¿Hay
aún margen para la negociación?
Prórroga y recursos
Tras los 15 días de vigencia del estado de alarma, su prórroga tiene que
aprobarla el Congreso, lo que supondría un problema para el Gobierno,
que ya ha adelantado a través del ministro Illa que cree que bastará con
estas dos semanas, en la que los datos de contagios, hospitalizaciones y
pruebas diagnósticas cobran especial relevancia. ¿Hasta dónde llegarán
las controversias?
Entretanto, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que dejaba sin efecto el confinamiento
perimetral de diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la
capital, después de que sus homólogos de Castilla y León y Andalucía se
pronunciaran en sentido contrario
Estas dos últimas comunidades, gobernadas también por el PP,
especificaron las normas que les permitían adoptar medidas excepcionales
para proteger la salud pública, al contrario que Madrid, que se limitó a
señalar que ejecutaba las estipuladas por el Ministerio de Sanidad para
ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de contagio, de
positividad y de ocupación de ucis.