EFE | El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar hoy el anteproyecto
de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la
prohibición de amnistías fiscales y del "software" de doble uso, un
mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo. La norma, que ha superado todos los tramites consultivos, ya
pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la
inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas impidió su
tramitación parlamentaria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que
la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019
permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año
antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas
digitales ingresó 608 millones, un 75 % más.
"No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos", ha
afirmado Montero, que ha destacado que el fraude supone una
competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con
sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se
blindan los servicios públicos.
"Tolerancia cero contra el fraude fiscal", ha añadido la
ministra, que ha subrayado que la ley incluye medidas frente a formas de
fraude más sofisticadas y complejas que requieren de personal en la
Agencia Tributaria cada vez más especializado.
La norma, que mantiene el objetivo de poder recaudar alrededor
de 800 millones cada ejercicio, prohibirá la producción, tenencia o
comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso
que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que
no se volverá "a perdonar a los incumplidores" a través de
regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas
y grandes contribuyentes.
Preguntada por la amnistía que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo
en 2012, Montero ha insistido en que nunca se publicaron los nombres de
los beneficiarios, pese a que fue una promesa electoral de los
socialistas, porque la ley lo impide.
La norma aprobada hoy también limitará el pago en efectivo, que
bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y
profesionales, no para particulares, si bien Montero ha señalado que el
objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para "bajar a la mínima
expresión" los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las
operaciones.
Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se
bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un
millón a 600.000 euros, con la idea de promover y agilizar el pago de
las deudas pendientes.
Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de
criptodivisas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de
los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como
en el exterior.
Se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a
criterios de equidad fiscal y transparencia, y se podrá actualizar la
lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación,
que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.
El anteproyecto incluye la transposición de la directiva europea
antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión que inciden directamente en el mercado
interior.