EFE | La
reforma de la Política Agrícola Común (PAC) entra en su recta final
tras los acuerdos de esta semana entre los gobiernos de la Unión Europea
(UE) y la Eurocámara, pero quedan asuntos por cerrar e interrogantes
como el alcance de las exigencias ambientales o el reparto de las ayudas
para el campo español.
Los ministros de Agricultura de la UE y el Parlamento Europeo (PE) han
pactado sus respectivas posiciones para el último tramo de una
negociación que empezó en 2018 y que dará como resultado la PAC
poscoronavirus (2023-2027), con la sombra del cambio climático.
Las instituciones comunitarias -Consejo de Ministros, PE y
Comisión Europea (CE)- empiezan ahora las reuniones a tres bandas para
cerrar el acuerdo definitivo con vistas a que los reglamentos estén
aprobados en 2021; su entrada en vigor será posterior, ya que existe una
regulación transitoria de dos años, que posibilita la continuidad en el
pago a los agricultores y ganaderos.
Queda mucha letra pequeña que conocer para el sector
agroalimentario sobre la aplicación práctica de las grandes líneas, su
reflejo en los planes nacionales o la ambición en las medidas frente a
las crisis de precios.
También está por ver el avance de enmiendas como la que plantea
excluir a los toros de lidia de las ayudas, que ha respaldado la
Eurocámara.
España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC,
según el acuerdo alcanzado en la cumbre histórica del pasado verano, en
la que los líderes comunitarios también aprobaron el fondo de
reconstrucción de la UE tras la pandemia.
España será el tercer beneficiario de fondos agrícolas, por detrás de Francia y de Alemania.
El medioambiente, centro de la reforma
Cada reforma de la PAC introduce nuevos conceptos, si bien en
anteriores revisiones ya se reforzaron los requisitos ambientales que
condicionan las ayudas.
En esta negociación, la UE introduce planes estratégicos
nacionales, con mayor margen de acción para los Gobiernos, y, por otro
lado, los llamados “eco-esquemas” (ayudas complementarias para cumplir
prácticas beneficiosas para el medioambiente).
La posición del Consejo es que los "eco-esquemas" alcancen el 20
% de las ayudas directas, con dos años “de aprendizaje” -de forma que
los no utilizados se destinen a otros fines- y con flexibilidad, por
ejemplo, para primar prácticas como la producción ecológica o la
actividad forestal.
Pero la Eurocámara ha reclamado que los "eco-esquemas"
representen el 30 % de los pagos directos; por otra parte, ha defendido
que un 35 % de las partidas para desarrollo rural se destinen a
actuaciones medioambientales.
Representantes de los agricultores han criticado que la UE les
obligue a “hacer más con menos (dinero)”, mientras que los ecologistas
afirman que en la reforma se están descafeinando los objetivos verdes;
dentro de este último grupo también ha reaccionado sobre la PAC la
popular activista Greta Thunberg.
Jóvenes y techos por explotación
El Consejo ha apoyado que al menos un 2 % de fondos de la PAC
vayan a agricultores jóvenes, y la Eurocámara lo eleva al 4 %.
En cuanto a los límites de pagos directos, el PE ha apoyado el
proyecto inicial de Bruselas y ha defendido, por un lado, bajar las
subvenciones para beneficiarios que perciban más de 60.000 euros y, por
otro, un techo de 100.000 euros; sin embargo, los eurodiputados sugieren
medidas para flexibilizar estos topes, como un porcentaje para pequeños
agricultores, o deducciones fiscales.
Vino y medias contra las crisis
El Consejo apoyó mantener los derechos de plantación del viñedo
más allá de 2030, como establece el sistema actual, y extenderlos hasta
2040; el PE ha pedido que la prórroga dure hasta 2050.
Además, tanto Consejo como eurodiputados han respaldado que en
las etiquetas de vino se añadan nuevas menciones nutricionales o sobre
ingredientes.
La Eurocámara ha votado también a favor de la posibilidad de una
reducción voluntaria de la oferta, como la que se aplica en el sector
lácteo, para otras producciones en caso de crisis.
Por otra parte, el PE ha pedido ampliar las "redes de seguridad"
permitiendo una intervención pública cuando caigan los precios hasta un
cierto nivel, en productos como el azúcar, el ovino, el porcino o el
pollo.