EFE | PSOE
y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un
plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará, y
eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado
tensionadas. La regulación del alquiler, junto con tres enmiendas de mejora al
funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), han permitido cerrar un
acuerdo entre ambas formaciones en el Gobierno para los Presupuestos de
2021, que este martes se aprueban en el Consejo de Ministros.
Según el acuerdo, la Ley de Vivienda, que en estos momentos se
encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se elaborará conjuntamente con
la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de
tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo
de cuatro meses.
La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado
mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto
de los nuevos contratos como de los contratos existentes.
Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida
por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que
desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
Se habilitará a las administraciones locales para que puedan
declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con
carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado
tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de
las rentas del alquiler".
Para el IMV se ha acordado tener en cuenta de forma permanente
los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para
poder conceder la prestación, algo que antes solo estaba previsto
aplicar hasta 2021.
De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que acabe
el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV y
podrán hacerlo en cualquier momento del año.
Además, se ha reducido de 3 a 2 años de vida independiente los
que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder
tener derecho al IMV y se ha establecido la posibilidad de que los
servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos
para acceder al IMV.