CASO PAZO DE MEIRÁS
El Gobierno pedirá ejecutar la sentencia para acceder ya al Pazo de Meirás
EFE | El
Gobierno va a pedir la ejecución provisional de la sentencia que
determinó que el Pazo de Meirás (Sada / A Coruña), es
propiedad del Estado para que la familia Franco haga entrega cuanto
antes de la finca, sin esperar a que se resuelva el recurso que ha
presentado. Lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras
participar en una videoconferencia con el equipo de la Abogacía del
Estado en Galicia, al que ha agradecido el trabajo realizado y con el
que ha analizado los próximos pasos.
La familia ha recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña
y la recuperación de la que fuera residencia de verano del dictador
podría dilatarse un año o dos, por lo que se ha decidido solicitar la
ejecución provisional del fallo del Juzgado número 1 de Primera
Instancia de A Coruña.
En él se consideró acreditado que la compraventa del pazo en
1941 fue un negocio simulado y nulo para inscribir la finca como
propiedad privada de Francisco Franco y se estimaba que los herederos no
tenían derecho a percibir indemnización.
"Es la reparación de una deuda histórica, una obligación que
tiene el Estado de fomentar la reconciliación desde el recuerdo, y no
desde el olvido", ha manifestado Campo.
Con "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales, ha
explicado el ministro, ahora el Estado cuenta con una sentencia que,
además de ayudar a superar esa deuda histórica, permite instar una
ejecución provisional.
Justicia considera que las pruebas son irrefutables y la
sentencia clara, al demostrar que el pazo, que fue mantenido, gestionado
y rehabilitado con dinero público desde 1938 a 1975, nunca perteneció
legalmente a la familia Franco.
"Este Gobierno ha demostrado que tiene un compromiso con la
memoria democrática (...) Hace un año tuvimos la exhumación del
dictador, ahora instamos la ejecución provisional de la devolución a los
españoles del Pazo de Meirás", ha recalcado Campo, convencido de la
necesidad de seguir esforzándose por la España de la "convivencia" que
nació en la Transición.
No ha querido especular sobre qué ocurriría en el caso de que se
ejecutara la sentencia y triunfara después el recurso de la familia
Franco en la Audiencia Provincial, pero ha recordado que se podría
acudir después al Supremo.
En el encuentro con el ministro han participado la abogada
general del Estado, Consuelo Castro; el jefe de la Abogacía en Galicia,
Javier Suárez, junto a su compañera Adela Álvarez; y el delegado del
Gobierno en Galicia, Javier Losada.
Tras conocerse la sentencia el pasado 2 de septiembre, Suárez
avanzó ya la posibilidad de una ejecución provisional del fallo, una
opción que secundó el Ayuntamiento de Sada, dispuesto a conveniar con el
Estado el uso público del pazo.
En la resolución, la titular del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de A Coruña, Marta Canales, concluyó que el pazo fue un regalo
que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a
título personal.
"Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a
él por sí mismo, sino al jefe del Estado", reseñó la jueza, que estimó
de forma íntegra la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en
representación del Gobierno y que fue respaldada por la Xunta, los
ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.