EFE | La eliminación del castellano como lengua vehicular en la futura reforma
educativa de la Lomloe, conocida como ley Celaá, ha levantado esta
semana una nueva polémica, pese a la insistencia de la ministra en negar
que el Gobierno quiera desalojar esta lengua de las aulas. Será este jueves cuando los grupos parlamentarios del grupo de
trabajo de la Comisión de Educación del Congreso voten la cuestionada
propuesta, una enmienda transaccional entre PSOE, Unidas Podemos y ERC
que elimina el término de lengua vehicular para el castellano. De
prosperar la enmienda transaccional se cambiaría lo que se dice en el
proyecto de la Lomloe: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen
la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa
aplicable".
El PP ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal
Constitucional la reforma educativa, al considerar que la ley "liquida"
la libertad educativa, algo que ha vuelto a negar la ministra de
Educación, Isabel Celaá, quien ha reiterado que lo que se busca es que
los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial. El castellano, ha dejado claro, seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos autonómicos.
ERC y Bildu darán el sí. La portavoz educativa de ERC, Montse Bassa,
ya ha dicho que la lengua vehicular en Cataluña es el catalán, y esto no
significa no estudiar castellano y una lengua extranjera. Fuentes de Bildu han avanzado a Efe que votarán a favor de esa
enmienda porque, aunque ellos piden "ir más allá y hablar de lenguas
oficiales directamente, no de cooficiales como se recoge en la
enmienda", la transaccional "facilitará" el modelo inclusivo que
defiende y será "un paso adelante".
Sin embargo, PP, Ciudadanos, Vox y UPN han anunciado su voto en
contra, y además los dos primeros partidos han asegurado que acudirán al
Tribunal Constitucional si el castellano deja de ser vehicular en la
enseñanza. Desde UPN se señala a Efe que sería "una cesión al chantaje
nacionalista absolutamente inadmisible y una clara vulneración de la
Constitución". Desde PNV se ha destacado a Efe que defienden en sus enmiendas que
"el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en comunidades
autónomas que carezcan de lengua cooficial" y en las comunidades con
lenguas cooficiales, "la lengua vehicular será la que determine en sus
respectivos estatutos u normativa".
Y han añadido: "Estamos estudiando las enmiendas del resto de grupos a
este mismo precepto para fijar una posición al respecto" y "seguimos en
contacto con el PSOE para estudiar las posibilidades de que prosperen
nuestras enmiendas". En la actual norma, la Lomce o ley Wert, se establece que "el
castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las
lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de
acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable".
Las enmiendas presentadas van más allá. Por ejemplo, Unidas Podemos
propone que las enseñanzas de religión confesional se desarrollen al
margen del currículo común y fuera del horario escolar. El grupo republicano opina que la asignatura de cultura religiosa no
tendrá carácter confesional y se orientará al conocimiento del hecho
religioso y de las diferentes religiones. El PP propone que el área o asignatura de Sociedad, Cultura y
Religión comprenda dos opciones: una, de carácter confesional, acorde
con la confesión por la que opten padres o alumnos, y otra, de carácter
no confesional.
Vox cree que debe ser una asignatura evaluable, y UPN dice que se mantenga como hasta ahora. El PNV habla de enseñanza del hecho religioso, y Más País Equo, de
que la religión católica no se incluya en el currículo y, en todo caso,
se pueda cursar fuera del horario lectivo.
El texto que salga de la Ponencia debe debatirse después en la
Comisión de Educación y posteriormente en el Congreso y el Senado para
su aprobación definitiva.