EFE | El
presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha cargado en su cuenta
oficial de Twitter contra su homólogo Pedro Sánchez, y su equipo, por
negar "una y otra vez una ley para poder gestionar la pandemia" pese a
que el Gobierno gallego llegó a remitir un borrador de proyecto legislativo a
Moncloa, y, en cambio, volcarse en impulsar "una norma para amordazar a
la prensa".
Una normativa para "que sea el Gobierno quien decida lo que es verdad y
mentira", ha recriminado Núñez Feijóo, al aludir al mecanismo contra la
desinformación puesto en marcha a través del Ministerio de la
Presidencia que dirige Carmen Calvo y que ha provocado duras críticas de
partidos de la oposición que ven un intento de controlar a los medios
de comunicación.
Un extremo rechazado por el Ejecutivo central, que ha replicado
que no se trata de controlar el periodismo y sí en cambio de detectar
injerencias externas que dañen los intereses y la soberanía nacional.
Núñez Feijóo, en su perfil de la mencionada red social, ha
ahondado también en que "en plena pandemia, cuando se supone que (el
Gobierno) debería estar gestionando la segunda ola", ha pasado "la
responsabilidad a las Comunidades Autónomas y se ha dedicado a intentar
eliminar por ley el castellano como lengua vehicular" y a "intentar
reformar la ley para elegir directamente a los jueces".
El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido de que, si hace
falta, recurrirá ante la Unión Europea la reforma educativa de la
Lomloe, también conocida como ley Celaá, porque considera que vulnera el
derecho fundamental de la "libertad de educación" al no incluir el
castellano como lengua vehicular.
Según un acuerdo entre ERC, Unidas Podemos y PSOE, la propuesta
normativa en la que está trabajando la Comisión de Educación del
Congreso no incluirá en su texto que el castellano es la lengua
vehicular en la enseñanza ni aparecerá como lengua oficial del Estado.
Sobre el otro asunto mencionado por el mandatario gallego, cinco
vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) han suscrito una declaración para pedir que cualquier reforma del
órgano de gobierno de los jueces siga los estándares europeos y evite
así "injerencias indebidas" del poder legislativo y judicial.
Esos estándares europeos, destacan en la declaración, exigen que
en el Consejo haya una mayoría de jueces y que éstos sean elegidos por
sus pares.
Con este manifiesto rechazan la propuesta de reforma que
plantearon en el Congreso el PSOE y Podemos -que se encuentra congelada-
para que los vocales de extracción judicial (doce de los veinte) puedan
ser elegidos por mayoría absoluta en el Parlamento, frente a los tres
quintos que se exigen en la actualidad.