OCDE | POBREZA
El déficit para financiar el desarrollo sostenible crecerá un 70% en 2020
EFE | El
déficit para financiar los objetivos de desarrollo sostenible que se ha
fijado la comunidad internacional se va a incrementar en un 70% este
año a causa del impacto de la crisis del coronavirus, que por primera
vez en más de dos décadas va a provocar un aumento de la pobreza extrema
en el mundo. Este es el negro diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe publicado este lunes
pone cifras al ensanchamiento de la brecha entre los fondos disponibles y
los necesarios para alcanzar los objetivos que se fijaron para el
horizonte de 2030.
Según sus cálculos, la crisis va a aumentar en 1,7 billones de
dólares más en 2020 esa brecha de financiación de las metas que se
establecieron en la conferencia internacional en Adís Abeba en 2015, que
antes de la crisis ya era de 2,5 billones.
En primer lugar, la magnitud de la recesión que se espera en
2020 habría requerido que los países en desarrollo tuvieran un billón de
dólares más para igualar el esfuerzo que están haciendo los miembros de
la OCDE con sus paquetes de recuperación anticrisis, gracias a que
éstos disponen de un amplio margen para endeudarse. En paralelo, los flujos privados dirigidos al desarrollo
sostenible se van a recortar en 700.000 millones de dólares, lo que
significa un descenso un 60 % mayor que el que hubo con la crisis
financiera.
"Necesitamos una acción inmediata para equilibrar la
financiación en favor del desarrollo sostenible", subrayó en la
presentación del informe el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría,
que insistió en que los compromisos contraídos en 2015 "se tienen que
mantener".
Gurría hizo hincapié en que pese a la crisis debe mantenerse la
ayuda pública al desarrollo, que constituye el "catalizador" para la
llegada de fondos privados.
Constatar esas carencias resulta particularmente duro cuando la
pandemia va a provocar que este año 200 millones de personas pierdan sus
puestos de trabajo y 100 millones caigan en la pobreza extrema, cuando
había bajado de forma significativa entre 2015 y 2019 hasta el 8,2 % de
la población.
Eso supone un cambio de tendencia desde que en 1998 se venía
produciendo un descenso ininterrumpido de la pobreza en el mundo.
Los autores del estudio hacen notar que un 1,1 % del total de
activos financieros en manos de los bancos, de los inversores
institucionales y de los gestores de fondos (4,2 billones de dólares)
serían suficientes para cubrir las crecientes necesidades del desarrollo
sostenible.
Esos actores financieros disponen en total de 378,9 billones de
dólares, una cifra que ha crecido a un ritmo del 5,9 % desde 2012. Un 81
% de ese dinero (más de 308 billones de dólares) se encuentra en países
de altos ingresos, cuando representan únicamente un 16 % de la
población global. Un 15 % adicional está en China.
El abismo financiero entre esos mundos queda ilustrado con el
hecho de que en 2017 en los países en desarrollo el dinero invertido en
fondos de pensiones suponía menos del 20 % de su PIB y el de las
compañías de seguros menos del 15 %. En los Estados de altos ingresos,
por el contrario, esos activos financieros pesaban el 45 % y el 40 %,
respectivamente, de su PIB.
La OCDE no solo considera que no son suficientes los actuales
niveles de ayuda pública al desarrollo, sino que tiene que ir mejor
dirigida ahí donde están las mayores necesidades y en paralelo retirarla
de actividades no sostenibles.
Eso significa, de forma particular, orientar la financiación del
desarrollo a los objetivos del cambio climático, hacia los que ahora
únicamente se dirige el 20 %.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, explicó que el
desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza extrema es también el
interés de los países ricos.
La conferencia internacional de Adís Abeba identificó siete
líneas en las que se deben concentrar los esfuerzos de financiación,
como la protección social y los servicios públicos esenciales para
todos; el fin del hambre y de la malnutrición; la generación de empleo
productivo y trabajo decente; la protección de ecosistemas; o la
promoción de sociedades pacíficas e inclusivas.