EFE | El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar la
contratación indefinida con un mínimo de 4.000 euros, cuantía que se
incrementaría en caso de que el trabajador pertenezca a uno de los
colectivos considerados como vulnerables. Según el borrador de real decreto que ayer presentó el Ministerio de
Trabajo a patronal y sindicatos y que adelantan Cinco Días y El País,
este incentivo de 4.000 euros con carácter general será para la
contratación indefinida inicial a tiempo completo y se elevará para
algunos supuestos.
Así, sube a 4.500 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años.
El siguiente tramo, 5.500 y 6.000 euros, contempla a los mayores de
45 años con discapacidad, a las mujeres contratadas en ocupaciones con
presencia mayoritariamente masculina o a las que lleven más de 24 meses
desempleadas después del nacimiento o adopción de un hijo.
La subvención puede alcanzar los 7.500 euros para otra serie de
colectivos como mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45
años que sean desempleadas de larga duración.
Además se plantea que todas las subvenciones previstas para este tipo
de contratos puedan incrementarse hasta en 2.000 euros cuando la
contratación indefinida se realice por un autónomo o por una cooperativa
o sociedad laboral que contrate a su primer trabajador.
También se sumarán 2.000 euros cuando las personas contratadas sean personas con discapacidad procedentes de un enclave laboral. Si la contratación es a tiempo parcial, recoge el texto, la cuantía
de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada
con una reducción máxima del 50 %. En el borrador también se incluye una subvención de hasta 4.000 euros
para transformar en indefinidos contratos temporales, incluidos los
formativos, que se eleva a 5.500 en el caso de trabajadores con
discapacidad.
Cada contratación indefinida incentivada, añade, deberá suponer un
incremento neto de la plantilla fija de la empresa o entidad
beneficiaria. También apunta que en la regulación se contemplarán las posibles
exclusiones en la aplicación de estos incentivos así como la obligación
de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas
como mínimo durante un año.
El borrador del decreto, en el que el Gobierno y agentes sociales
llevaban trabajando desde abril, establece una serie de programas
comunes de políticas de activación para el empleo, que podrán ser
desarrollados por las comunidades autónomas en función de las
características propias de sus mercados de trabajo. Así, aborda estrategias de formación, modelos de financiación,
programas de orientación para el empleo, intermediación laboral,
etcétera.
CCOO
En algunos de estos puntos, desde CCOO criticaron ayer que los
planteamientos del Gobierno pueden llevar a una externalización de una
parte de los servicios prestados desde la red pública y pidieron que, en
el caso de los programas de empleo-formación, se recupere la referencia
específica a que los programas sean de iniciativa pública y no de
iniciativa privada financiada con fondos públicos.
UGT
UGT ha considerado necesaria una reforma de las políticas activas de
empleo para dar solución a los 3,5 millones de desempleados, a la
"altísima" tasa de desempleo juvenil o al millón y medio de parados que
no tiene ningún tipo de protección, porque es "el momento idóneo" ya que
se cuenta con un marco presupuestario.