POLÍTICA | CONGRESO
El Congreso debatirá el "plan B" del PP para combatir la pandemia sin alarma
EFE | El
Congreso de los Diputados debate mañana, martes, el "plan B jurídico"
del Partido Popular, una propuesta para que sea posible adoptar
restricciones ante la pandemia recurriendo a la ley de salud pública,
sin tener que hacer uso del estado de alarma. El líder de la oposición, Pablo Casado, quiere sacar a España de la
excepcionalidad en la que a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez ha
colocado al país por no hacer los deberes y no modificar la normativa
para que la legislación ordinaria sea el instrumento con el que las
autonomías hagan frente al virus.
Cree Casado que el Ejecutivo opta por el estado de alarma para
gobernar "a golpe de decreto" y "sin contrapeso" y que Sánchez busca
eludir el control del Congreso durante medio año al tiempo que se
"parapeta" tras las autonomías para no responsabilizarse de la gestión
de la crisis sanitaria. Así lo denunció el líder de la oposición
al defender la abstención, "crítica" según dijo, del PP respecto al
estado de alarma de seis meses de duración, una argumentación que
volverá a escucharse en la Cámara baja cuando el PP defienda el martes
la toma en consideración de su propuesta, que modifica la Ley Orgánica
3/1986 -la de salud pública- y la que regula la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1988).
El Partido Popular
hablará con el resto de grupos parlamentarios con el objetivo de sumar
una mayoría que permita seguir tramitando su "plan B jurídico", que
defienden como "una norma que fortalece las capacidades del Estado para
velar por la salud de los españoles" y que "protege los derechos y
libertades de los ciudadanos". Y pedirá al Gobierno "que apoye
un modelo legal, ordinario, regulado y seguro, que es también un modelo
de colaboración entre las administraciones", según adelantan desde el
grupo que encabeza Cuca Gamarra.
El PP registró su propuesta el
pasado mes de agosto y desde entonces reitera su necesidad, recordando
que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió
en mayo en el Congreso a impulsar cambios legislativos para no recurrir
al estado de alarma, como finalmente ha ocurrido.
Por contra,
el Gobierno de Sánchez argumenta que la suspensión de derechos
fundamentales requiere de un instrumento jurídico excepcional como el
estado de alarma, por ser más garantista y democrático. Una
postura compartida por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas,
quien considera que hacer uso de la legislación ordinaria para recortar
libertades provocaría que el presidente del Gobierno no tuviese que
acudir "ni una sola vez" al Congreso a rendir cuentas ni a recabar
apoyo.
Sobre la mesa el PP pondrá un texto que pretende que la
ley de salud pública recoja las "potestades administrativas concretas
que quepa ejercer" durante una epidemia, añadiendo al artículo 3 el
control de los enfermos mediante "el sometimiento obligado de las
personas sospechosas a observación de salud de pública" o de
"cuarentena, aislamiento o tratamiento". Una modificación legal
que habilitaría además a "localizar a personas sospechosas o afectadas",
limitar entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas, controlar
el movimiento y el derecho de reunión.
Además, quieren que los
juzgados de lo contencioso administrativo validen en 24 horas las
limitaciones, que se adoptarían por plazos de 15 días prorrogables
durante otra quincena.