EFE | En medio de una frágil situación política y social, el nuevo presidente
de Perú, Francisco Sagasti, nombró un Ejecutivo abiertamente orientado a
cumplir sus promesas de estabilidad, esperanza y justicia para la
violenta represión de las movilizaciones ciudadanas que costaron la vida
a dos jóvenes.
La tensión que dominó la vida del país suramericano durante la
última semana comienza a difuminarse, impulsada por los pasos
conciliadores del mandatario, que refrendó con la elección de su
gabinete la sensibilidad para atender los pedidos de la ciudadanía para
la que ostensiblemente fue elegido.
Frente al gabinete de su predecesor, Manuel Merino, quien
dimitió el domingo bajo la presión de la movilización ciudadana, Sagasti
sí ha parecido capaz de convocar un Ejecutivo de expertos diverso y con
holgura suficiente como para satisfacer las presiones de la calle, el
mundo económico, el deseo de justicia y la juventud que ha sido
protagonista excluyente de la resistencia contra los abusos de la vieja
clase política peruana.
Primera ministra femenina
Significativo fue así el nombramiento de Violeta Bermúdez, una
abogada feminista, con experiencia de Gobierno y especializada en temas
de gobernabilidad y derechos humanos como nueva primera ministra de
Perú.
Bermúdez, ampliamente respetada en el país, es una firme
defensora de las políticas de igualdad y una opción evidentemente
sensible para la juventud movilizada, en la que la presencia femenina
está siendo extraordinariamente relevante.
Como paradoja, el Gabinete que dirigirá Bermúdez no es paritario
no es paritario y quedó formado por ocho mujeres y diez hombres.
Sin embargo, la presencia femenina quedó reforzada por el alto
rango de los ministerios que ocupan: son mujeres la primera ministra, la
ministra de Exteriores, Esther Astete y la ministra de Defensa, Nuria
Esparch, los tres primeros cargos en orden de precedencia del Gobierno.
Esparch es la primera mujer en la historia en ocupar la cartera de Defensa en Perú.
La nómina de funcionarios contrasta en fondo y forma con la que
Manuel Merino intentó gobernar entre el 9 y el 15 de noviembre, un
gabinete liderado por el conservador Ántero Flores-Aráoz, que convocó a
un grupo de marcada tendencia derechista, conservador e integrista
cristiano.
La selección de Sagasti ofreció además guiños a otros muchos
sectores conforme con el criterio de pluralidad ideológica que había
prometido durante su discurso de asunción.
El gabinete de transición, que gobernará tan sólo hasta el 28 de
julio de 2021 y cuya principal misión será garantizar las elecciones
generales de abril, combatir la covid-19 y relanzar la maltrecha
economía, incluye tanto abogados de la prudencia fiscal y el control del
gasto público como defensores del medio ambiente, pasando por técnicos
especialistas, intelectuales e investigadores.
Sagasti también rescató para su ejecutivo a ministros del
gabinete de Martín Vizcarra cesados el pasado día 9, entre ellos la
destacada figura de Pilar Mazzetti, que recuperó las riendas del
Ministerio de Salud, crucial en la lucha contra la covid-19.
Otro guiño social y para atender la preocupación de la calle se
dio en el Ministerio de Justicia, que ocupó Eduardo Vega, ex defensor
del pueblo y un reconocido defensor de los derechos humanos, que tendrá
que gestionar la investigación de la represión a las marchas que dejó
dos muertos, Inti Sotelo y Jack Parejo, y decenas de heridos.
La población exige en las calles, y Sagasti prometió durante su
toma de posesión que no habrá impunidad, algo que Vargas parece que
impulsará.
Precisamente en esta jornada los familiares de las víctimas y
sus abogados reclamaron que el perdón que Sagasti ofreció en su asunción
no es suficiente y que hacen falta ahora actos concretos.
También insistieron, durante una rueda de prensa, que
perseguirán a los autores de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante esta última semana ante los tribunales de Justicia.
Particularmente, como indicó a Efe el abogado de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, buscarán que la
fiscalía investigue hasta encontrar "las órdenes que se dieron para
actuar de esta manera".
"En este momento, los responsables directos no tienen ningún
tipo de apremio legal, entonces pueden estar ocultando pruebas", indicó
el abogado, para instar a la investigación y evitar que se manipulen las
pruebas.
En tanto, el abogado de la familia de Inti Sotelo, Walter Matos,
dijo que "la Fiscalía está colaborando (en la investigación). Esperemos
que la Policía Nacional también haga lo mismo", dado que "estamos
denunciando un homicidio y queremos probar el ensañamiento contra Inti",
quien falleció por cuatro proyectiles en el tórax.
Por primera vez en décadas no habrá ningún exgeneral del Ejercito o la policía sentado en el gabinete de ministros.
Al frente de los ministerios económicos, Sagasti colocó a
reconocidos ortodoxos como Waldo Mendoza, que asumió el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
Un funcionario con experiencia de gobierno, profesor de economía y garantía de estabilidad.
También convocó a un joven académico peruano radicado en México,
Jose Luis Chicoma, para dirigir el Ministerio de la Producción. Chicona juró su cargo por teleconferencia desde Ciudad de
México, donde dirige un centro de estudios y análisis sobre ciencia,
desarrollo e innovación, un tema que el presidente consideró central
para su Gobierno.
En el Ministerio de Comercio Exterior colocó a Claudia Cornejo,
otra figura liberal y la única del Gobierno con vinculación política al
partido del presidente, el Partido Morado.
Libre comercio, innovación y estabilidad, un paso dado para
calmar a los inversionistas, relanzar la economía peruana y seducir a
los jóvenes de la "generación del bicentenario" que hicieron de la
tecnología el arma de su resistencia ante Merino.
Sagasti también encontró aparentemente ministros que responden a
las demandas ciudadanas, como Ricardo Cuenca, psicólogo y educador que
dirige el Instituto de Estudios Peruanos, y un defensor de la reforma
educativa, que ocupó la cartera de Educación.
Eso garantiza la protección de la Superintendencia Nacional de
la Educación Superior (Sunedu), el organismo que vela por la exigencia
de la calidad universitaria y que era un objetivo de los grupos
políticos que auparon a Merino al poder.
Ahora parece que la Sunedu quedó blindada.
En Salud, otra de las cuestiones claves para el Ejecutivo,
regresó la ministra Pilar Mazzetti, uno de las ministras claves de
Martín Vizcarra.