EFE | El
Gobierno paralizará los desahucios a las familias vulnerables que no
tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma
mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de
Ministros. Según han informado a EFE este miércoles fuentes de la Vicepresidencia
Segunda del Gobierno y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, competente en vivienda, ambos departamentos han alcanzado este
acuerdo un día después de retirarse la enmienda a los presupuestos
generales que Unidas Podemos había presentado junto a ERC y EH Bildu
para prohibir los desahucios hasta el 2022.
En virtud de esta medida, las familias vulnerables no podrán ser
desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en
una vivienda digna, incluidas aquellas que viven como okupas en casas
de propietarios con más de una decena de viviendas. En este caso, precisan fuentes de la Vicepresidencia Segunda del
Gobierno, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres
meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de
vulnerabilidad.
De hecho, las autonomías se encargarán de ofrecer esta alternativa
habitacional que será siempre una vivienda digna, es decir, que no podrá
ser un albergue, según precisa la Vicepresidencia.
Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.
Por su parte, desde el Ministerio de Transportes remarcan que la
normativa no solamente afecta a aquellas personas que vayan a ser
desahuciadas como consecuencia de la crisis por la pandemia, sino
también a las que arrastraban esas situaciones vulnerables desde un
momento anterior.
Por otro lado, la "condición de vulnerabilidad" la concederán los
servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales
tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio. En consecuencia, el real decreto no amparará la prohibición de todos
los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a
los que afectan a las familias más vulnerables. Tampoco se incluye la
prohibición del corte de suministros en el caso de impagos.