EFE | Amnistía
internacional ha denunciado la situación en las residencias de ancianos
durante esta segunda ola de la pandemia, que sigue siendo "alarmante"
ya que no se están derivando a los pacientes a hospitales, no se
garantizan las visitas de familiares, ni se ha reforzado el personal.
"Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las
personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España",
es el título del informe de Amnistía Internacional (AI) que analiza la
situación en las residencias de personas mayores de Madrid y Cataluña.
Esta organización lamenta que las medidas adoptadas por las
autoridades para responder a la pandemia en estos centros
sociosanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado
"al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores residentes.
El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha explicado que
las decisiones de las autoridades en las residencias han impactado en el
derecho a la salud, la vida, la no discriminación de las personas
mayores, la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte
digna.
En su informe recuerda que durante la primera ola, el virus se
esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal
cuidador no contaba con la protección necesaria, lo que causó la baja de
un gran número de trabajadores.
"Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados
aspectos, algunas de estas preocupaciones siguen vigentes", advierten.
En concreto, lamenta que siguen sin estar garantizadas las
visitas de familiares, se evita el traslado de los ancianos a los
hospitales y no se han tomado medidas de refuerzo de personal
suficientes.
A su juicio, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y
la Generalitat "se implementaron de forma incoherente" y no llegaron a
dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores
que viven en residencias.
Sin embargo, Amnistía cree que la situación de muchos ancianos
fue más humana precisamente gracias al esfuerzo y a la dedicación del
personal sanitario y de las residencias pese a la falta de respuesta de
las autoridades y la escasez de recursos.
El informe critica la decisión de no derivar a las personas
mayores a los hospitales, una práctica que se aplicó "de forma
automatizada y en bloque" sin llevar a cabo valoraciones
individualizadas, lo que dificultó el acceso a un tratamiento adecuado a
aquellos pacientes de covid-19 u otras patologías.
Según Beltrán, las pocas derivaciones que se dieron fueron
tardías y han documentado casos de personas residentes que llegaron al
hospital "en situación de deshidratación y desnutrición".
Así, ante la segunda ola de la pandemia, AI pide a las
autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier
decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos y que se
asegure que las decisiones médicas se realizan en base a evaluaciones
individualizadas. Además, reclama que se garantice un contacto regular entre
residentes y familiares e insta al Gobierno a que impulse la tramitación
de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice
los derechos de las personas residentes en todo el Estado.