MADRID | La
Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera
denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo la pasividad de España y de
la UE en el control de la potencia motriz de
los buques pesqueros delimitada por ley.
Asimismo,
denuncian que la situación ha llevado a la sobreexplotación de los
caladeros con cada vez menos actores. En la actualidad, hay apenas 70 de
los 135
que había en 1995. Este incumplimiento reiterado ha llevado a unas
cuotas de pesca por encima de lo estipulado, concentrada en pocos
buques. Como consecuencia,
cada vez hay un número menor de ejemplares, lo que repercutirá en la oferta de pescado en los mercados, aseguran desde la Plataforma.
Desde
2009, España tiene el imperativo legal revisar la potencia nominal de
los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero según afirman
desde la
Plataforma de afectados, ni el Gobierno español ni la Comisión Europea
han estado cumpliendo con su trabajo. En palabras de
Francisco Pérez, portavoz de la Plataforma de afectados, “desde
el Gobierno de España hemos obtenido poca o ninguna respuesta acerca de
este tema. Hoy, los barcos que incumplen la normativa, y que incluso
los que han sido inspeccionados, continúan
faenando en situación irregular. En las instituciones europeas ha
habido la misma falta de voluntad política que en España. Desde la
Plataforma exigimos que se encuentre una solución para que las
autoridades puedan verificar de forma más eficaz el incumplimiento
de estos reglamentos. La Política Pesquera Común ha fracasado”.
En lucha desde hace cinco años
En
2002, la Comisión Europea dictó un reglamento (2371/2002), por el cual
se fijan las reglas de la política pesquera común, entre ellas, la
reducción de capacidad
de la flota pesquera europea. Desde entonces, no solo no se ha puesto
remedio a la situación, sino que además se ha ido incrementando la
potencia de los barcos. En 2009, España empieza a tener el imperativo
legal de revisar la potencia nominal de los barcos
en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no ha estado llevando a
cabo su labor.
Desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera llevan desde 2015 denunciando la situación.
Primero, ante las autoridades españolas dos años consecutivos.
Posteriormente, en 2017, llevaron la queja hasta la Comisión Europea,
que hizo caso omiso, por lo que decidieron llevar un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En
junio del año siguiente, la Comisión Europea archivó la denuncia.
En
enero de 2019, presentaron la denuncia ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo. Esta vez, se admitió la queja, la Comisión
Europea la respaldó
y publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas
desde la Plataforma entre 2015 y 2017, además mostrar claras evidencias
del incumplimiento del reglamento por parte de 15 estados miembros,
entre ellos España.
El
informe subrayaba que el 51% de los buques revisados no cumplían la
norma y que el 67% de los mismos o no cumplían o había indicios de que
la nave había
sido manipulada. En definitiva, apenas un 30% de los barcos examinados
cumplían con las obligaciones de esa regulación.
"La Política Pesquera Común ha fracasado"
Ese
mismo año, el Comité de Pesca del Parlamento Europeo debatió las
conclusiones del estudio promovido por La Comisión. En su discurso,
Chris Davies, expresidente del Comité de Pesca, aseguraba durante la sesión en la que se estudiaba el informe que “una parte fundamental de nuestra política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta en este sentido”.
En
la actualidad, a pesar del informe que respalda las denuncias pasadas,
desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia
Pesquera han
decidido elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo para
exigir que se encuentre una solución. Departamento de comunicación