BLANQUEO
Procesados Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
EFE | La
jueza ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como "Sito
Miñanco", por intentar introducir a España casi cuatro toneladas de
cocaína en el marco de una supuesta red criminal y por un presunto
delito de blanqueo por el que también propone juzgar a Gonzalo Boye,
abogado de Carles Puigdemont. En esta causa, donde han sido procesadas otras 44 personas y 5
mercantiles, se ha investigado un supuesto entramado criminal liderado
por el histórico narcotraficante gallego, que fue detenido en febrero de
2018 cuando disfrutaba de un régimen de semilibertad.
Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo Boye, a
quien, junto a otros dos letrados, la magistrada de la Audiencia
Nacional María Tardón atribuye un presunto delito de blanqueo en el seno
de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso
con otro continuado de falsificación en documento oficial.
La resolución impone distintas fianzas para cubrir las
eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los
hechos, y que ascienden a 131,5 millones de euros en el caso de Sito
Miñanco y otros 25 procesados por delito contra la salud pública de
sustancias que causan grave daño para la salud.
Aparte de este delito, Tardón atribuye a los investigados, según
el caso, blanqueo; falsificación de documento oficial o tenencia
ilícita de armas.
Por dos delitos de homicidio en grado de tentativa ha sido
procesado Manuel Pedro González, tirador profesional, junto con otro de
atentado a agentes de la autoridad y lesiones dado que cuando iba a ser
detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los
agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos y, según el auto de
la magistrada, "únicamente cesó en su acción cuando se acabó la
munición del arma con la que disparaba".
La investigación se remonta a 2016, cuando Sito Miñanco cumplía
una condena de 16 años de prisión en Algeciras por un delito contra la
salud pública y disfrutaba del tercer grado, lo que le permitía
trabajar.
Su actividad seguía siendo, según la jueza, la introducción y
distribución de droga en el país y mantenía tanto el contacto con
suministradores de Sudamérica como la infraestructura, "un bien nutrido
grupo de individuos", con experiencia y dispuestos a participar en estas
operaciones, "ejecutando de forma casi reverencial cualquier
actividad". Él era, de acuerdo con la tesis de la magistrada, quien dirigía
el entramado criminal, con gente de su máxima confianza como Enrique
García Arango y Juan Antonio Fernández, también condenados por
narcotráfico.
A raíz de esta investigación, se han identificado dos
operaciones con las que pretendían introducir enormes cantidades de
cocaína en España: las correspondientes a la intervención del buque
Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y
la aprehensión, en noviembre de ese año, de un contenedor de cocaína en
Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.
Pero aparte de éstas, según la jueza, Prado Bugallo mantuvo la
planificación y ejecución constante de otras operaciones de
introducción, distribución y venta de droga hasta que fue detenido.
En su auto, de 72 páginas, la magistrada explica la estructura
societaria atribuida a Sito Miñanco, con propiedades a nombre de
terceros donde "el único titular real y efectivo" era él.
Además de sus mercantiles, la organización utilizaba empresas de
terceros que le prestaban sus servicios, aunque también había una
tercera vía para ocultar los beneficios de la droga: a través de los
transportes realizados por los propios miembros del clan o por otros
coordinados por uno de los procesados para ocultar las ganancias en
Colombia mediante correos humanos.
La participación de los abogados procesados en los hechos
-Gonzalo Boye, Jesús Morán y Alejandro Guerra- se centraría en el
presunto blanqueo del dinero, según el auto, que se remite a una de las
operaciones realizadas por los correos que Sito Miñanco utilizaba para
enviar el dinero a Colombia y que fue interceptada por la Policía.
El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron
detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el
fondo de su equipaje 889.620 euros.
En la estrategia para acceder al dinero incautado, los abogados,
según la jueza, confeccionaron una serie de documentos para simular
unas operaciones de compraventa ficticias "con el objeto de recuperar el
dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en
última instancia".
El auto recuerda que por estos hechos, en octubre de 2017 la
Secretaría General del Tesoro impuso a González Rubio y a cada uno de
los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la
Ley de Prevención del blanqueo de capitales.