DESAHUCIOS
El Gobierno suspende los desahucios
EFE | El
Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto-ley que suspende
durante el estado de alarma (hasta el 9 de mayo) los desahucios por
impago de alquiler de familias vulnerables, con el rechazo de las
grandes inmobiliarias, que advierten de que habrá una "oleada de
reclamaciones judiciales".
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
ha hecho hincapié en que el decreto intenta "preservar el derecho
constitucional a la vivienda y proteger a las familias más vulnerables,
pero también los derechos de los arrendadores". Para ello, en el caso de inquilinos con contrato, todos los
propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias,
tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán
presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad
económica de los desahuciados.
Desahucios de "okupas"
También se paralizarán durante tres meses los desahucios de
familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas
vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) y
tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia
machista. En estos casos, los propietarios, en su mayoría fondos de
inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias y de gestión
de activos, podrán solicitar igualmente una compensación, si demuestran
que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio
económico.
En todos los supuestos contemplados, las comunidades autónomas tendrán
tres meses, desde que quede acreditada la vulnerabilidad de los
desahuciados, para ofrecer a estos una alternativa habitacional que sea
una "vivienda digna".
Si no lo hacen, se compensará a los arrendadores desde el momento en que se acordara la suspensión.
Efecto llamada
Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL),
que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties
(la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La
llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y
exalcalde de Barcelona, Joan Clos, la norma abre la puerta a una oleada
de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica
del Estado.
Asval sostiene que el decreto "ampara la ocupación ilegal" y que esto
tendrá un "efecto llamada" y dañará la imagen de España en Europa.
También el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José
Ramón Zurdo, ha afirmado que "no se puede regularizar la situación de
los ocupas a costa del sector privado", mientras que el ministro Ábalos
ha sostenido que el decreto "no legitima ninguna ocupación de
viviendas".
Zurdo ha opinado que, tras el "fracaso" de los créditos ICO para el
alquiler, las nuevas medidas "llegan tarde y mal". "Tarde porque muchos
propietarios, sobre todo los particulares que están más indefensos,
llevan más de nueve meses de impagos, y mal porque tendrán que soportar
ahora tres meses o más de morosidad, hasta que quizás puedan ser
compensados y por una ínfima parte del perjuicio causado".
Por su parte, el sindicato de inquilinos de Madrid ha celebrado los
"avances", pero ha lamentado lo "descafeinado" y "provisional" y las
compensaciones para los grandes propietarios, a los que considera
responsables de la falta de vivienda en alquiler asequible.
No habrá cortes de suministros
El decreto-ley prohíbe asimismo durante el estado de alarma los
cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores
vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social, todas las
categorías que define la ley, y también a los usuarios sin contrato que
no tienen condición de vulnerabilidad, pero pueden acreditarla por medio
de los servicios sociales o los mediadores sociales.
Organizaciones como Facua-Consumidores en Acción han manifestado su
satisfacción por esta "decisión de gran calado que protegerá a multitud
de familias que lo están pasando extraordinariamente mal", aunque otras
como la Alianza contra la Pobreza Energética han avisado de que el texto
muestra algunas "lagunas por las que muchas familias se quedarán al
margen de la protección".
El decreto, que ha sido motivo durante más de un mes de fricción entre
el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, "no es la panacea,
pero dará tranquilidad a las familias", ha asegurado el vicepresidente
segundo, Pablo Iglesias, en un vídeo difundido al mismo tiempo que se
celebraba la rueda de prensa del Consejo de Ministros.