EFE | Los
Estados miembros de la Unión Europea (UE) se encuentran inmersos en el
análisis del acuerdo sobre la relación con el Reino Unido tras el
Brexit, con vistas a respaldar su aplicación provisional desde el 1 de
enero. Aunque se conocen las líneas generales de ese pacto, del que Bruselas
informó el pasado jueves, los elementos concretos no han sido
detallados, a la espera de su escrutinio por los estados miembros, que
tiene lugar en las distintas capitales y en Bruselas en reuniones de
expertos de manera simultánea.
En pleno periodo festivo navideño los trámites se suceden a
ritmo acelerado, con vistas a facilitar la aplicación provisional del
acuerdo a principios de año.
Por primera vez en la historia de la UE, el 25 de diciembre tuvo
lugar una reunión de embajadores europeos y en ella se analizó el
acuerdo, que establece el marco de la relación futura entre las partes a
partir del 1 de enero de 2021, cuando la legislación comunitaria habrá
dejado de aplicarse en territorio británico. Está previsto que los embajadores se reúnan de nuevo el 28 de
diciembre para volver a abordar el asunto, indicaron fuentes
diplomáticas.
La Comisión Europea (CE) propuso el pasado jueves la aplicación
provisional del acuerdo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021,
mientras se completa el proceso de aprobación formal, que entre otras
cosas exige la ratificación del texto por el Parlamento Europeo.
La prolongación de las negociaciones hasta Nochebuena ha hecho
imposible que la Eurocámara le de el visto bueno antes de fin de año y,
finalmente, dará su consentimiento en la sesión plenaria de enero.
Tras el acuerdo del jueves, los embajadores de los países de la
UE mantuvieron el día de Navidad una primera reunión en la que el
negociador de los Veintisiete, Michel Barnier, les informó sobre el
pacto logrado.
Antes de dar su visto bueno, los países disponen de unos dos o
tres días para examinar los textos de los distintos compromisos, que
solo en la parte de comercio y cooperación ocupan 1.246 páginas.
La Comisión debe presentar en los próximos días al Consejo, que
reúne a los Estados miembros, la decisión sobre la firma y aplicación
provisional del pacto y sobre la conclusión del convenio.
El Consejo, por unanimidad, debe apoyar ambas decisiones.
A continuación, tendrá lugar la firma oficial del acuerdo sobre
la relación con el Reino Unido tras el Brexit y después, el convenio se
publicará en el diario oficial de la Unión Europea antes de fin de año,
para que se aplique de manera provisional desde el 1 de enero.
Ya en el nuevo año, está previsto que el Parlamento Europeo
ratifique el acuerdo en una votación durante la sesión plenaria del 18
al 21 de enero.
La Eurocámara no tiene la posibilidad de hacer enmiendas, pero mantiene su capacidad de vetar la totalidad del pacto.
Este fin de semana la Comisión Europea propuso una "Reserva de
Ajuste al Brexit", dotada de 5.000 millones de euros, para ayudar a
contrarrestar las consecuencias económicas y sociales sobre los sectores
más afectados por la salida británica de la Unión Europea.
La reserva ayudará a empresas y sectores, en particular a la pesca, e incluirá apoyo al empleo y la formación.
Con vistas a los nuevos trámites y exigencias, apoyará también a
las administraciones públicas en el funcionamiento de los controles
fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios y para garantizar
servicios esenciales a los ciudadanos y empresas.
La reserva se distribuirá en dos rondas: la mayor parte de los
5.000 millones de euros se prefinanciará en 2021 y las sumas serán
calculadas sobre la base del impacto en la economía de cada Estado
miembro, teniendo en cuenta el grado relativo de integración económica
con el Reino Unido, incluido el comercio de bienes y servicios y las
repercusiones negativas en el sector pesquero.
Un tramo más pequeño de ayuda adicional se repartirá en 2024, en caso de que el gasto real supere la asignación inicial.
Para poder recibir reembolsos de la reserva, los Estados
miembros deberán demostrar la relación directa de esas peticiones con el
Brexit.
La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, indicó en
un comunicado que el final del período de transición el 31 de diciembre
de 2020 "tendrá un impacto económico y social importante en las regiones
y comunidades locales más vinculadas a la economía y el comercio del
Reino Unido".
La adaptación a esos cambios exigirá a largo plazo mucho más que
esta reserva, reconoció por su parte el comisario de Presupuesto y
Administración, Johannes Hahn, que apuntó al próximo presupuesto de la
UE para paliar el impacto.