EFE | España y Reino Unido deben lograr un acuerdo
sobre Gibraltar antes del 31 de diciembre para evitar un "brexit duro"
en la Verja que obligaría a establecer el control de mercancías y
personas, salvo por los trabajadores transfronterizos que se hayan
registrado como tales y que contarán con un documento específico que les
permitirá moverse con libertad.
Todos los demás, deberán cumplir con los requisitos de cualquier
frontera exterior de la UE, según ha explicado en rueda de prensa la
ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
En la sede del Ministerio, la titular de Exteriores ha subrayado
que el acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre el Reino Unido
y la UE “no se aplica a Gibraltar” por lo que es necesario alcanzar un
“acuerdo separado que está negociando España con Reino Unido y que no
está concluido”.
“Si hay un principio de acuerdo, podríamos modular la movilidad
en la frontera con Gibraltar, y si no hay principio de acuerdo es
frontera exterior de la UE con un país tercero y la modulación es
imposible”, ha subrayado la ministra tras subrayar que “no hay plan B,
no puede haber plan B”.
Si no hubiera acuerdo antes del 31 de diciembre, España deberá
controlar la frontera con Gibraltar con "observancia escrupulosa" de
todas las normas de la UE sobre fronteras exteriores, por lo que todos
los ciudadanos que quieran atravesar la Verja necesitarán un visado de
pasaportes "como ocurre con cualquier país tercero".
Ser "país tercero" significa que los ciudadanos de Gibraltar
dejarían de tener acceso a la Seguridad Social española, quedarían fuera
del espacio aéreo europeo, necesitarían un reconocimiento específico
del carnet de conducir y del seguro de sus vehículos, etcétera, ha
detallado la ministra, quien ha apuntado que "no estamos inventando nada
nuevo, es lo que ocurre con un país tercero".
Además, será preciso establecer controles policiales,
fitosanitarios y de seguridad en las mercancías de los más de 200
camiones que cada día cruzan entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar,
que suponen "más controles, tiempos de espera, colas y costes".
Por contra, España busca un acuerdo que permita "simplificar al
máximo los procedimientos de movilidad, con la posibilidad incluso de
levantar la Verja".
Para lograrlo, España "seguirá negociando hasta el último minuto
del 2020. Por España no va a ser", ha dicho González Laya, para quien
"no basta con que España quiera, el Reino Unido debe desearlo en los
términos pactados".
Según la ministra, todas las medidas técnicas ya han sido detalladas, "ahora falta la voluntad política".
Preguntada por si el plazo de negociación podría ampliarse, la
ministra ha subrayado que "unos días más no serían un problema para
España", pero que fue el Reino Unido quien marcó el 31 de diciembre como
plazo final de su proceso de salida de la UE.
Estas negociaciones están presididas por la existencia de "un
gran desacuerdo" entre España y el Reino Unido sobre la soberanía de
Gibraltar, una "pretensión irrenunciable de España" que no obstante
considera que las negociaciones pueden resolverse favorablemente "sin
renunciar a nuestra pretensiones relativas a la soberanía: podemos
acordar estar en desacuerdo sobre soberanía, sin que sea un obstáculo
para facilitar la movilidad en la zona".
Además, González Laya ha detallado que, en previsión de la
aplicación del acuerdo global, el Gobierno tiene previsto aprobar en el
Consejo de Ministros de mañana un paquete de “medidas de adaptación”
específicas para los distintos sectores afectados por la salida del
Reino Unido de la UE, especialmente los sectores pesquero, de
automoción, transportes y seguridad, entre otros.
Por la Verja cruzan diariamente unos 15.000 trabajadores y 200
camiones, y para la comarca de El Campo de Gibraltar, la relación con la
colonia supone la cuarta parte de su producto interior bruto y aporta
unos 120 millones de euros al año.