AGRICULTURA | PAC
El estado actual de la PAC en España y las prioridades para 2021
EFE | Los agricultores y ganaderos perceptores de la
Política Agraria Común (PAC) en España están sujetos este año a las
mismas reglas del periodo 2014-2020, mientras sigue en marcha la
negociación del plan estratégico para aplicar la nueva PAC a partir de
2023.
Entre 2021 y 2022 los productores podrán percibir unos 7.200
millones de euros anuales, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
Así será hasta que entre en vigor la reforma de la PAC que se
está negociando en la Unión Europea (UE) en los llamados trílogos
(reuniones entre el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión
Europea) para el periodo 2023-2027.
Su resultado en los próximos meses servirá de base para el
diseño del plan de aplicación nacional, máxima prioridad de este año
para España junto a la modificación de la ley de cadena alimentaria.
En cuanto a la campaña de 2021, está previsto que los
productores puedan solicitar desde el 1 de febrero y hasta el 30 de
abril los pagos directos de la PAC y las ayudas de los programas de
desarrollo rural, que incorporan fondos europeos de recuperación de la
crisis del coronavirus, con sus correspondientes normas.
Además, el reglamento transitorio de la PAC aprobado para los
próximos dos años permite a los países productores de aceite de oliva
fijar normas que regulen su oferta, una medida que había reclamado el
sector y que ya existía para el vino.
A España le corresponden 47.724 millones de euros del
presupuesto de la Política Agraria Común pactado para los próximos siete
años, ligeramente por encima de los 47.500 millones que obtuvo en el
periodo anterior, según cifras del Gobierno.
De esa cantidad, 34.124 millones de euros irán destinados a los
pagos directos; 8.530 millones, al desarrollo rural, y el resto, a
determinadas medidas de mercado y apoyo a sectores.
En España hay unos 700.000 beneficiarios de la PAC que
percibieron de media 8.482 euros en 2019, una cantidad que se espera que
siga creciendo hasta el final de la década, como ha señalado el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Un 30 % de los ingresos de los perceptores proviene de la renta
agraria, un porcentaje que el MAPA maneja a la hora de definir al
agricultor profesional, figura que se beneficiará de los pagos directos
con la nueva PAC.
Este es uno de los principales asuntos que el Ejecutivo está
debatiendo en sus reuniones con las comunidades autónomas y el sector
agrario.
Unos 300.000 pequeños agricultores y ganaderos pueden quedarse
fuera de esa categoría por ingresos, por lo que el Gobierno ha propuesto
un régimen especial que otorgue ayudas adicionales a estos productores.
El plan estratégico nacional, que deberá presentarse formalmente
a la Comisión Europea a finales de 2021, está estructurado en torno a
nueve objetivos.
Se trata de asegurar ingresos justos, elevar la competitividad,
reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, actuar contra el cambio
climático, proteger el medioambiente, conservar la biodiversidad, apoyar
el relevo generacional, mantener vivas las zonas rurales y proteger la
calidad de los alimentos, además del objetivo transversal de modernizar
el sector agrario mediante el conocimiento, la innovación y la
digitalización.
Una importante novedad son las mayores exigencias para lograr
una producción sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y las
estrategias de la Comisión Europea de biodiversidad y "De la granja a la
mesa".
Respecto a los ecoesquemas, ayudas vinculadas a la
sostenibilidad ambiental, se ha propuesto vincular las ayudas al fomento
de los sumideros de carbono, las cubiertas vegetales, la mejor
fertilidad de los suelos y la agricultura de precisión, entre otras
acciones.
El Gobierno también ha debatido con las autonomías lo relativo a
las ayudas asociadas a la producción en ciertos sectores, como la
ganadería extensiva, y a los programas especiales para el vino, las
frutas y hortalizas, y la apicultura.
El fomento de la agricultura ecológica, que en España ocupa un 9
% de la superficie agraria, y los límites a las ayudas y su
distribución son otros de los asuntos que aún se están discutiendo.