EFE | En
prisión por el caso Gürtel y a punto de volver a sentarse en el
banquillo en el juicio de la caja B del PP, el extesorero de la
formación Luis Bárcenas se ha mostrado dispuesto a colaborar con la
Justicia y contar lo que sabe de la financiación del partido, una
voluntad que se extendería también al caso Púnica.
Tal y como ha adelantado este miércoles el diario El País y han
confirmado a Efe fuentes próximas al extesorero, Bárcenas tendría la
intención de colaborar en el juicio que se celebrará el próximo 8 de
febrero sobre el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP
en la calle Génova de Madrid con dinero de la supuesta caja B.
Aparte de este procedimiento, en el que se enfrenta a una
petición fiscal de 5 años de prisión, Bárcenas también estaría dispuesto
a esclarecer los entresijos de la financiación del partido en Madrid
investigados en el caso Púnica, una causa donde no él no está imputado.
Según las fuentes, que indican que ya ha habido alguna
conversación con la Fiscalía, el extesorero aún podría contar con
documentación relevante para esta causa, donde están investigados
exdirigentes de la formación como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o
Francisco Granados.
En caso de que Bárcenas, condenado a 29 años de prisión por la
trama Gürtel, aporte nuevos datos, éstos podrían ser también de interés
en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional sobre una supuesta contabilidad paralela del PP con
donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones.
En vísperas de Navidad, el extesorero del PP se quedó sin
abogado por cuarta vez en su periplo judicial. El letrado Joaquín Ruíz
de Infante renunció a su defensa al no haber conseguido, tras varios
intentos, que la Audiencia Nacional libertase fondos de Bárcenas para
satisfacer su derecho a la defensa.
Cogió el relevo el abogado Gustavo Galán, que también lleva la
defensa de otros implicados en el caso Gürtel como Isabel Jordán o los
exalcaldes de Boadilla del Monte y Majadahonda (Madrid) Arturo González
Panero y Guillermo Ortega, respectivamente.
Además de sus causas judiciales, Bárcenas figura como
perjudicado en la pieza Kitchen del caso Villarejo donde se investiga si
su familia habría sido espiada en busca de documentos comprometedores
para dirigentes del PP que podrían estar en su poder, una operación
"parapolicial" presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior
y pagada con fondos públicos entre 2013 y 2015.