JUSTICIA | REFORMAS
La ambiciosa agenda legislativa de Justicia: CGPJ, Código Penal y Lecrim
EFE | Con
la tramitación urgente de la propuesta para limitar las competencias
del CGPJ en funciones, el Congreso arranca con la agenda de Justicia que
pretende impulsar este año la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aprobar
el Código Penal, que podría adelantar la salida de prisión de los
condenados por el procés.
Precisamente este miércoles se cumplió un año de la llegada de Juan
Carlos Campo al Ministerio con la promesa de agilizar la administración
de Justicia desde el consenso, pero la realidad ha sido otra y solo hay
que mirar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para
percatarse de la falta de entendimiento entre los partidos llamados a
liderar ese pacto de Estado que nunca llega.
Y aunque la iniciativa para limitar las competencias del Consejo
General del Poder Judicial en funciones se tramita como una proposición
de Ley de los dos partidos de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- la
propuesta está en la órbita de Justicia, cuyo ministro ha está implicado
directamente en la renovación de los vocales.
No obstante, si hay una reforma de la que saca pecho es el
anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce la
figura del fiscal investigador en sustitución del juez instructor y
propone que los partidos no puedan acusar en causas de corrupción.
Aprobada en noviembre, inicia ahora un largo recorrido de
informes preceptivos antes de llegar a las Cortes donde la tramitación
puede conllevar años e incluso no agotar esta legislatura, aunque
también cabe que se quede en un cajón, como ya ocurrió en 2011 y en
2013, habida cuenta de que la reforma supone un cambio integral del
modelo procesal español.
Valga como ejemplo que se trata de una norma que en el mejor de
los casos tardará, al menos, seis años en ejecutarse como recoge la
"vacatio legis" (periodo que tarda una ley entre que se publica en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) y su puesta en marcha), tiempo en el
que se deberán abordar otras reformas estructurales de enorme calado en
leyes como, por ejemplo, la del Poder Judicial o el Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal para encajar la Lecrim.
Esta reforma se tramita en paralelo al anteproyecto de Ley de
Fiscalía Europea que viene a introducir, por mandato directo de la UE,
la figura del fiscal investigador en nuestro sistema jurídico.
Probablemente se trate del proyecto más político del
departamento ya que modificará los delitos de rebelión y sedición en el
Código Penal, unos cambios muy controvertidos que podrían beneficiar de
forma inmediata a los independentistas condenados por el proces, quienes
esperan a ver si los cambios les permiten rebajar sus penas de prisión y
adelantar la salida de la cárcel.
Por el momento, Justicia tiene ya sobre la mesa una propuesta de
Unidas Podemos para que la sedición solo sea considerada delito si se
usan armas en el alzamiento contra las autoridades competentes, con lo
que los condenados por el 1-O no lo habrían cometido.
No será el único cambio relevante ya que el Gobierno contempla
reforzar del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, además
de abordar los nuevos tipos penales ante la emergencia climática, los
derechos de los animales o el cibercrimen.
Con mucha menos repercusión mediática se sitúan otro rango de
reformas que, en cambio, implican importantes cambio organizativos, de
gestión y tramitación de los asuntos en la administración de Justicia,
especialmente en la apuesta por la digitalización.
Son la Ley de Eficiencia Organizativa, Ley de Eficiencia
Digital, y los proyectos para impulsar las nuevas Oficinas de Justicia
en el municipio así como la integración digital del expediente judicial.
Ahora bien, el primero en ver la luz ha sido el anteproyecto de
ley de Medidas de Eficiencia Procesal - en fase ya de informes
preceptivos- que pretende impulsar la resolución de conflictos fuera de
juzgados y tribunales mediante instrumentos de mediación, hasta el punto
de hacerlo obligatorio antes de acudir a la vía judicial.
Esta reforma estará relacionada con la futura Ley del Derecho de
Defensa, para la cual se ha creado una comisión de expertos, liderada
por el abogado Antonio Garrigues, presidente de honor del mayor bufete
de España, para elaborar el anteproyecto que abordará el desempeño
profesional de los operadores jurídicos, la tramitación de los
procedimientos y el acceso de los ciudadanos a la Justicia.