EFE | La inminente aprobación de la Ley de Eutanasia
ha despertado recelos en algunos colegios de médicos, que más allá de
discrepar sobre si es necesaria o no su regulación, temen represalias
contra quienes se inscriban en los registros de objetores de conciencia a
los que podrán acceder las administraciones sanitarias.
La Ley de Eutanasia contempla el derecho a la objeción de
conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados y
especifica que la negativa a realizar esta prestación por razones de
conciencia es una decisión individual que deberá manifestarse
anticipadamente y por escrito.
Para ello, indica que las administraciones sanitarias crearán un
registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que tendrá
por objeto "facilitar la necesaria información a la administración
sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la
prestación de ayuda para morir".
Añade que el registro se someterá al "principio de estricta
confidencialidad" y a la normativa de protección de datos de carácter
personal.
Sin embargo, los médicos ven ciertos problemas en la creación de estos registros.
"Obligar a los médicos a que se registren es un error. Es
posible que exista un registro, pero voluntario para el que quiera
apuntarse. Otra cuestión distinta es que haya que comunicárselo a tu
superior para que éste pueda organizar los servicios, esto es muy
distinto", apunta a Efe el presidente de la Comisión de Deontología de
la Organización Médico Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín.
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid,
Manuel Martínez-Sellés, ha expresado a Efe su "gran preocupación" por
cómo se pueda articular este aspecto fundamental de la ley y ha apuntado
a que en la Comunidad de Madrid hay muchos médicos con contratos
laborales que hay que renovar cada seis meses y mucha inestabilidad
laboral.
"Desconocemos qué efectos puede tener la objeción de conciencia
en que se renueve o no a estos compañeros", ha advertido.
El Colegio de Médicos de Madrid se ha manifestado públicamente
en contra de la Ley de Eutanasia argumentando que va en contra del
código deontológico de los médicos y su presidente considera que "si
algún médico está dispuesto a hacer esta práctica", éste debería ser el
que se apuntara en un registro específico.
"Creemos que se debe realizar de forma anónima, que la
administración no debería por qué tener conocimiento de quién ha hecho
la objeción de conciencia porque tememos las implicaciones que pueda
tener a niveles laborales".
También la presidenta de la Comisión Deontológica del Consejo de
Colegios de Médicos de Cataluña, Montserrat Esquerda, tiene dudas sobre
el registro de objetores.
"Pensamos que en ningún momento un médico puede ser discriminado
por su conciencia, con lo que los registros públicos o administrativos
que intenten regular la objeción tienen un cierto riesgo y es que se
puedan utilizar para bolsas de trabajo en función de esas objeciones
realizadas por los médicos", indica a Efe.
A finales del mes de enero está prevista una reunión de la
Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) en
la que previsiblemente se discutirá un documento sobre la objeción de
conciencia.
Existe una clara divergencia de opiniones entre los médicos
sobre la eutanasia "igual que ocurre en la sociedad", indica Rodríguez
Sendín, que sí cree que lo que es importante es el desarrollo de la
objeción de conciencia.
"Todos los médicos defendemos la vida de los pacientes. Otra
cuestión es lo que considere cada de uno de hasta dónde llega la vida y
lo que es un sufrimiento insoportable y dónde comienzan nuestras
obligaciones y los derechos de los pacientes", explica.
En esa diferencia, "la única solución que hay, cuando una ley va
a regular el derecho del paciente a morir precozmente, es la objeción
de conciencia".
En las últimas semanas, algunos colegios de médicos han dado a
conocer su postura sobre la Ley de Eutanasia, como el de Madrid, que se
ha posicionado en contra, o el de Cataluña (que engloba a los cuatro
colegios profesionales de esa región) y que ha defendido esta práctica,
pero ha reivindicado previamente un acceso universal a los cuidados
paliativos, así como ayudas económicas y sociales para los enfermos y
sus familias.
Por su parte, El Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (Cgcom) considera que la ley presenta "importantes
interrogantes" y "cuestiones no aclaradas" y subraya que según el Código
de Deontología Médica, el profesional "nunca provocará
intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de
petición expresa por parte de éste".