EFE | La
Comisión Europea (CE) exigirá a España reformas concretas y detalles
sobre los objetivos y el calendario para acometerlas para acceder a los
más de 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de
recuperación europeo tras la pandemia de la covid-19.
Bruselas, que ya negocia con España y otros países los borradores de sus
planes de recuperación, ha advertido esta semana de que los gobiernos
tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones
económicas que les hizo los últimos años y sobre el calendario de las
medidas que prevén implementar.
"El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de
las reformas en los planes nacionales para garantizar que las reformas e
inversiones tienen los detalles necesarios sobre el calendario,
objetivos y metas", explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El Gobierno español fue uno de los primeros en enviar a Bruselas
el borrador de las aproximadamente 170 medidas que prevé acometer,
incluidas la reforma de las pensiones y la laboral, y ahora tendrá que
afinarlas con la Comisión para elaborar un plan definitivo que pueda
recibir el visto bueno de esta institución y, después, del Consejo (los
países miembros).
Las discusiones van "por buen camino", pero aún faltan "días y
semanas" de trabajo, según Gentiloni, quien ya se ha reunido con varios
ministros españoles en las últimas semanas.
De cumplir con lo pactado dependerá el desembolso de los 69.528
millones de euros en transferencias a fondo perdido que le corresponden a
España, que también podrá solicitar cerca de 85.000 millones en
préstamos.
La regulación del fondo, consensuada en diciembre por los
Estados y la Eurocámara, exige que los planes de recuperación incluyan
reformas e inversiones que potencien el crecimiento y la creación de
empleo y se centren en prioridades europeas, en particular la transición
ecológica y digital, a las que deben destinar el 37 % y 20 % del
dinero, respectivamente.
Las medidas deberán servir para abordar "todas o un conjunto
significativo" de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea
hizo en 2019 y 2020 a los países, incluidas las relativas al control
del déficit y la deuda.
Estas últimas solo empezarán a vigilarse una vez se reactiven
las normas europeas de disciplina fiscal, como pronto en 2022, pero si
un país se las salta podría ver congelado hasta el 25 % del dinero
comprometido.
Para España las directrices de los dos últimos años piden,
además de combatir la pandemia, preservar la sostenibilidad del sistema
de pensiones, mejorar los sistemas de apoyo al empleo, de ayudas a las
familias y los regímenes autonómicos de renta mínima, invertir en
innovación y eficiencia energética, mejorar la coordinación entre
administraciones o aplicar la ley de unidad de mercado, entre otras.
Con el fondo de recuperación, Bruselas tiene por primera vez una
herramienta, en forma de miles de millones de euros, para hacer cumplir
unas recomendaciones que los países tienden a postergar. Bruselas no
dictará cómo ponerlas en práctica, pero negociará la letra pequeña para
cerciorarse de que las propuestas pasan el filtro.
"Más que si hay que hacer reformas, que todo el mundo está de
acuerdo en que sí, es qué reformas y con qué objetivos", dijo a Efe la
eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, que dirigió la negociación de
la regulación del fondo por parte de la Eurocámara.
Las normas, explicó, dejan "margen" para la negociación con los
gobiernos puesto que fijan unos "criterios generales" - más estrictos en
clima y digitalización al exigir un porcentaje de gasto-, pero "no
entra en qué proyectos son, sino en cómo se tienen que evaluar".
"Hay que ser consciente de que los gobiernos tienen su color
político y sus propuestas para solucionar los problemas y hay que ser
razonables en ese sentido con las propuestas de los gobiernos.
La
Comisión no puede imponer nada", añadió.
La regulación, consideró, deja "bastante flexibilidad" sobre si
hay que cumplir todas o solo parte de las recomendaciones, con lo que la
Comisión "va a ver el conjunto y la coherencia de los planes teniendo
en cuenta la situación de los países". El borrador español, a su juicio,
es "completísimo".
El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, sin embargo, ve
difícil que la Comisión y el Consejo puedan dar luz verde al plan
español sin una "propuesta seria" en materia de pensiones.
Para pasar el examen de Bruselas, subraya, los planes tienen que
recibir la nota máxima (A) en el cumplimiento de las recomendaciones
económicas.
"Creo que no se puede hacer una evaluación de que España está
haciendo significativamente las recomendaciones del Semestre Europeo si
se salta la más importante, que es conseguir que las pensiones sean
sostenibles", dijo a Efe el eurodiputado, que también participó en la
negociación. Aunque ahora hay consenso en gastar lo que haga falta y el
control del déficit y la deuda están suspendidos, las recomendaciones
llaman a la sostenibilidad fiscal a medio plazo y ahí "la única duda
real de solvencia en España tiene que ver con las pensiones", dice.
Mientras no se reactiven las normas fiscales, el "esfuerzo" que
pedirá Bruselas será en materia laboral y de pensiones puesto que el
resto sería "relativamente fácil" de cumplir, anticipa.
Además del contenido, la Comisión pactará con los países los
objetivos cuantitativos y cualitativos que persiguen sus medidas y el
calendario previsto para lograrlos, de modo que el dinero solo se pagará
si se comprueba que han cumplido.
De ahí que Bruselas pida detalles
para evitar problemas llegado el momento del desembolso. Aunque la Comisión hará un "seguimiento continuo" de la
implementación de los planes, los pagos solo se efectuarán dos veces al
año para que los Gobiernos no tengan que remitir continuamente facturas,
sino que cada seis meses se reembolse todo lo que hayan certificado,
explicó Gardiazábal.
La regulación prevé que, una vez que Bruselas certifique que
cumplen, los gobiernos tengan que enviar bianualmente esta solicitud de
pago justificada.
"El sistema de solo dar dinero cuando se va cumpliendo, en lugar de
darlo y luego exigir que se devuelva, lo cambia todo", considera
Garicano, para quien esto será clave a la hora de garantizar que los
Estados destinan las ayudas a los fines previstos.