EFE | El
Gobierno tiene previsto extender hasta mayo, cuando acaba el actual
estado de alarma, las principales medidas del llamado "escudo social" y
para ello prorrogará los contratos de alquiler que expiren en este
periodo y dará luz verde a los aplazamientos de deuda ante grandes
tenedores o entidades públicas.
Junto a estas medidas, que inicialmente finalizaban este 31 de enero y
que se llevarán al Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo
tiene previsto aprobar próximamente las prórrogas de las moratorias
hipotecarias y los préstamos al consumo hasta el fin del estado de
alarma, según avanzan fuentes del Gobierno de coalición.
Cabe recordar que también se ha ampliado hasta mayo la
prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de
suministros a familias vulnerables.
Prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual
Dentro de este paquete de medidas, que busca extender la
protección de los inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad,
el Gobierno aprobará una prórroga de los contratos de alquiler de
vivienda habitual en los que finalice el periodo de prórroga obligatoria
o prórroga tácita hasta que acabe el actual estado de alarma.
Esta prórroga podrá aplicarse, previa solicitud del
arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se
seguirán aplicando los términos y condiciones fijados en el contrato.Según el Ejecutivo, con esta medida se concede un
margen "justo y razonable" para el arrendatario que ve finalizado su
contrato en un contexto en el que la movilidad está condicionada o
reducida por la pandemia de coronavirus, la actividad y las rentas
afectadas por la crisis y debe buscar activamente otra vivienda para
alquilar.
En España el arrendador del 85 % de las viviendas en alquiler es una persona física.
Esta medida, que estaba contemplada hasta el 21 de agosto de
2020, se amplió hasta el 30 de septiembre, recientemente hasta el 31 de
enero de este año y ahora se extenderá hasta la finalización del actual
estado de alarma el 9 de mayo.
También se regulan medidas para fijar una moratoria de la deuda
arrendaticia para los inquilinos de vivienda habitual que se encuentren
en una situación de vulnerabilidad a causa de la covid-19. En concreto, se regula la aplicación automática de la moratoria
de la deuda hasta que finalice el estado de alarma en caso de grandes
tenedores (persona física o jurídica dueña de más de diez inmuebles
urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de
más de 1.500 m2) y empresas o entidades públicas de vivienda.
Con ello se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la
renta, siempre que el aplazamiento o la condonación total o parcial de
la misma no se hubiera pactado previamente entre ambos.
Si este acuerdo no se hubiese producido, el arrendador podrá
optar entre una reducción del 50 % de la renta con un máximo de cuatro
meses o una moratoria en el pago sin que puedan superarse, en ningún
caso, los cuatro meses.
En este caso, la renta se aplazará mediante el fraccionamiento
de las cuotas durante al menos tres años, la persona arrendataria no
tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán
devueltas al propietario sin intereses.
Inicialmente esta medida se extendía hasta julio, se prorrogó a
septiembre, posteriormente hasta enero y ahora hasta mayo.
Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción por la próxima
aprobación de la prórroga hasta mayo de las principales medidas del
denominado escudo social tras semanas de "intensa negociación" con el
PSOE.
Además, considera que estas medidas son necesarias para
garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma y apunta
que hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar
desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales,
sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar.