EFE | El Parlamento Europeo incidió hoy en que
el dinero de los fondos europeos de reconstrucción debe ser un
catalizador de las transiciones ecológica y digital, aunque hubo
divergencias entre quienes optaron por remarcar que el desembolso será a
cambio de reformas y quienes se centraron en el fin de las
recuperaciones austeras.
La Eurocámara debatió este martes la aprobación de las normas
para el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que supondrá la mayor parte
de los fondos comunitarios para la recuperación tras el coronavirus
-672.500 millones de euros del total de 750.000 millones- y del que
España obtendrá unos 140.000 millones de euros.
El vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis
tildó el plan de “clave para asegurar que Europa emerge de la crisis más
fuerte y resiliente” y afirmó que los objetivos vinculantes en las
áreas verde y digital (del 37 % y 20 % respectivamente) reflejan las
ambiciones de la Unión Europea para estas dos transiciones.
Dombrovskis señaló además que el arduo compromiso entre los
Estados miembros y el Parlamento Europeo, al que se llegó en diciembre
tras meses de negociaciones, incluye la obligación de que los planes
nacionales que los países deben presentar para obtener los fondos
“aborden al menos una parte significativa” de los retos que la Comisión
Europea identifica en sus revisiones.
“Ahora que casi todos los Estados miembros están preparando sus
planes nacionales a gran velocidad, la ratificación del Parlamento
Europeo es un paso importante”, incidió el vicepresidente comunitario,
que especificó que la Comisión tiene ya una “idea relativamente clara”
de qué incluirán en sus planes 18 de los 27 Estados miembros.
La Comisión tiene la intención de aprobar en primavera estos
planes nacionales, pero Dombrovskis también recordó la necesidad de que
todos los Estados ratifiquen también la legislación que permitirá a la
Comisión.
El negociador principal del grupo popular europeo, Siegfried
Muresan, recalcó que los fondos que el Parlamento prevé ratificar mañana
“van a servir para superar esta crisis, pero también para hacernos más
fuertes de cara a las próximas crisis, para que seamos más fuertes y
estemos más pertrechados ante los retos del futuro”.
Muresan valoró logros obtenidos por la Eurocámara en la
negociación, como el aumento en la cuota de prefinanciación hasta el 13
%, aunque advirtió que el dinero “no es para gasto ordinario del
presupuesto o para financiar déficits, sino para hacer reformas”.
Por su parte, la socialista española Eider Gardiazábal incidió
en el “acierto” de la UE al afrontar la crisis con un plan de
inversiones, “una respuesta absolutamente diferente a la que se dio en
la crisis de 2008, con austeridad y recortes”.
Esta crisis, apuntó, “puso de manifiesto que tomar decisiones en
base a los datos de deuda y déficit sin tener en cuenta el impacto
social es una mala idea”, y afirmó que las reglas para este fondo
permitirán “no solo parar el golpe (de la pandemia) sino aprovechar para
realizar transformaciones sin precedentes”.
Con esta idea coincidió Ernest Urtasun (Verdes/ALE), que
consideró que con la aprobación de estas normas “quedan atrás los años
de la troika y la austeridad salvaje que nos hicieron sufrir una crisis
más profunda y salir de ella más tarde” y pidió una reforma urgente de
las reglas de control del déficit y la deuda comunitarias, que quedaron
suspendidas por la pandemia.
Además, recalcó que el Parlamento “será exigente” con los
Estados miembros, de cara por ejemplo a que cumplan con las metas
vinculantes de inversión en objetivos verdes, pero también con la
Comisión, para vigilar “el tipo de reformas que va a exigir” a los
países.
Por su parte, Luis Garicano (Renovar Europa) puso el acento en
cómo el reglamento para estos fondos puede beneficiar también a pymes y
autónomos y pidió reformas en los sistemas de insolvencia para “dar una
segunda oportunidad” a pequeñas empresas y personas insolventes que han
tenido que echar el cierre "para salvar la vida de sus conciudadanos".
“Aunque sería lo más fácil, las inversiones no deben limitarse a
proyectos para las grandes empresas. Los Estados deben asegurarse de
que las pymes también se van a beneficiar del dinero europeo, y esto
requiere una cosa: como mínimo, que reciban toda la información
necesaria”, añadió.
La Eurocámara y los Estados llegaron en diciembre pasado a un
acuerdo sobre la normativa que regula el uso de los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, que canalizará 672.500 millones de euros
del total de 750.000 millones del Fondo de Recuperación de la UE.
La misma establece que para recibir las ayudas, los países
tienen que presentar planes de reformas e inversiones destinadas a
impulsar el crecimiento, la creación de empleo y las transiciones
ecológica y digital -a las que debe destinarse el 37 % y 20 % del
dinero, respectivamente- y que aborden una parte importante de las
recomendaciones económicas que les hace anualmente la Comisión.
Estos planes deben ser aprobados por el Ejecutivo comunitario y
el Consejo (los países) y los desembolsos, dos veces al año, estarán
condicionados a que se cumplan los objetivos y el calendario pactado con
Bruselas.
Los fondos podrán utilizarse hasta 2026 y los países recibirán
un adelanto del 13 % de su asignación nada más recibir el aprobado de
Bruselas a su plan.