EFE | La
Unión Europea (UE) dio hoy el pistoletazo de salida a un esfuerzo
conjunto de reconstrucción económica sin precedentes tras la crisis
generada por la pandemia, al firmar la legislación que permitirá
conceder 672.500 millones de euros en ayudas financiadas con la emisión
de deuda común.
Una vez estas normas entren en vigor la semana próxima, los países
podrán presentar oficialmente a la Comisión Europea sus planes de
recuperación y el objetivo es que los primeros estén aprobados para
finales de abril y que, a principios de verano, empiecen a llegar los
fondos. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer
ministro portugués, Antonio Costa, que preside este semestre el Consejo
de la UE, rubricaron la regulación del llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia en una ceremonia en la que también participó
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Se trata de la piedra angular del Fondo de Recuperación de
750.000 millones de euros acordado por la UE y está destinada a ayudar a
los países, especialmente a los más afectados por la covid-19, a
realizar reformas e inversiones que les permitan salir de la crisis y,
al mismo tiempo, reforzar y transformar sus economías de cara al futuro.
A España le corresponden 69.528 millones de euros en
subvenciones a fondo perdido -es la primera beneficiaria de estas- y
casi 85.000 millones de euros en préstamos si decide solicitarlos.
"Es un enorme paso adelante, un paso histórico, que todos los
Estados hayan actuado juntos para que la Comisión pueda conseguir dinero
en el mercado e invertirlo en prioridades europeas", dijo Von der Leyen
en una rueda de prensa tras la firma en Bruselas.
El fondo "es algo más que dinero, es un mensaje de solidaridad y
de confianza en la Unión Europea, porque (...) ningún Estado habría
podido controlar esta crisis económica solo", añadió.
Para financiarlo la Comisión Europea emitirá deuda en los
mercados con el respaldo de los márgenes del presupuesto de la UE, algo
que solo ha hecho en contadas ocasiones y cantidades muy pequeñas.
Además, cerca de la mitad de las ayudas se concederán en forma de
transferencias a fondo perdido.
"Es el plan más innovador que hemos tenido nunca para gestionar
la crisis más difícil que hemos afrontado nunca. Es tiempo de cumplir",
dijo Costa.
Está previsto que la regulación entre en vigor el 19 de febrero,
lo que abrirá el plazo para que los Gobiernos remitan oficialmente sus
planes de recuperación a la Comisión, con la que muchos -incluida
España- llevan semanas discutiendo sus borradores.
La ambición, explicó Costa, es que los primeros planes estén
aprobados "antes del final de abril" de forma que "al inicio del verano"
se puedan empezar a desembolsar las primeras ayudas.
Sin embargo, ningún pago podrá efectuarse si la Comisión no
emite deuda, y eso requiere que los parlamentos nacionales de los 27
Estados miembros ratifiquen la legislación que le permitirá hacerlo.
De momento, solo seis han completado este trámite
imprescindible, por lo que Von der Leyen, Sassoli y Costa urgieron a
acelerar el proceso.
"No podemos permitirnos perder más tiempo", insistió Costa,
quien confió en que para "finales del primer trimestre" del año se haya
completado esta "vital" ratificación.
"Creo que tenemos que tener confianza, pero también actuar
rápido", dijo por su parte Sassoli, quien recordó que "todos los
Gobiernos, con mayorías parlamentarias, han aprobado compromisos
presupuestarios" e instó a "acelerar el proceso porque los ciudadanos no
pueden esperar".
Von der Leyen afirmó que la Comisión irá a los mercados tan
pronto como pueda hacerlo, con el fin de que "a mediados de año" se
hagan los primeros desembolsos.
Los países pueden recibir un adelanto del 13 % de su asignación
(unos 9.000 millones en el caso de España) en cuanto sus planes sean
aprobados por la Comisión y el Consejo (una mayoría cualificada de
Estados), mientras que los desembolsos posteriores dependerán de que se
implemente el plan según lo pactado.
España lleva semanas discutiendo con Bruselas sobre el borrador
de su plan de recuperación, que contempla unas 170 medidas, incluidas
reformas del mercado laboral y de pensiones, y, según ambas partes, el
trabajo está muy avanzado.
El objetivo del Gobierno es enviar la versión definitiva "lo
antes posible", pero aún quedan por "cerrar algunos flecos con la
Comisión" por lo que habrá que ver si se logra "a finales de febrero o
ya en marzo", según fuentes del ministerio de Economía.