EFE | El
Consejo de Ministros ha remitido al Congreso un listado con 34.961
inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía
a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la
remisión de ese listado en la conferencia de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Ministros.
Calvo ha recordado que el PSOE ha venido reclamando desde hace
años la publicación de esa relación de inmatriculaciones de la Iglesia y
el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se
urgía a ello al Gobierno.
En concreto, se pidió que enumerase los bienes inmatriculados
por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por
primera vez) después de que, con José María Aznar como presidente del
Gobierno, se reformase la ley Hipotecaria.
Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios,
apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
En 2015 hubo una modificación normativa que eliminó esa
posibilidad y, por tanto, según ha explicado Calvo, la lista incluye los
bienes inmatriculados entre 1998 y ese año.
De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 se refieren a templos de
la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se
relacionan con estos usos y se trata de terrenos, viviendas, solares o
locales.
De la misma forma, la vicepresidenta ha informado de que 30.335
fueron inscritos en virtud de certificación eclesiástica tal y como
permitía la ley hipotecaria hasta 2015.
Junto a ellos hay 4.626 inmuebles inmatriculados con otro título
distinto, "es decir -ha puntualizado- a título bastante insuficiente
para la demostración de la propiedad". Con todo ello, Calvo ha señalado que, a partir de ahora, las
personas físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si
se considerase necesario actuar sobre la propiedad de los inmuebles.
La vicepresidenta ha recalcado que las inmatriculaciones que
realizó la Iglesia se hicieron al amparo de una situación legal con
independencia de que hubiera formaciones políticas contrarias a la
reforma propiciada por el Gobierno de Aznar.
Pero ha señalado que, a partir del paso dado este martes por el
Gobierno, quien crea que tiene derechos sobre alguna propiedad, puede
actuar mediante una primera vía para que la administración abra una
investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también acudiendo a
los tribunales.
"Al Gobierno lo que le compete es dar una información
transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Gobierno
de Mariano Rajoy y que no cumplió", ha añadido.
La vicepresidenta ha justificado en la laboriosidad de este
estudio que no haya sido posible hasta ahora atender el mandato aprobado
por el Congreso en 2017 y ha resaltado el ejercicio de transparencia
que supone conocer esa relación de inmuebles
En la proposición del PSOE aprobada entonces se instó al
Ejecutivo a analizar los documentos acreditativos de la propiedad
utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni
válidos, se reclamase la propiedad de esos bienes y de aquellos
considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados,
como la Mezquita de Córdoba.
La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro
Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se
comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para
facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados
indebidamente por la Iglesia.