SANTIAGO DE COMPOSTELA | El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación, Francisco Conde, tras reunirse hoy con el comité de
empresa de Alu Ibérica, aseguró que se acordó solicitar un encuentro
entre todas las partes –representantes de los trabajadores y gobiernos
central, gallego y asturiano– para la busca de una solución integral
para las plantas de A Coruña y Avilés.
Tal y como explicó el
vicepresidente económico, Xunta y comité hicieron hoy un diagnóstico
compartido de la situación actual y decidieron establecer una hoja de
ruta que permita afrontar el futuro y garantizar los puestos de trabajo y
la actividad a partir del mes de julio. En la transcurso de la
reunión, Conde trasladó a los asistentes la disconformidad de la Xunta
con la manera de llevar adelante los despidos y abogó por buscar la paz
social en un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro de las
factorías de A Coruña y Avilés está en su nivel más crítico: “No
descartamos la actuación de la Autoridad Laboral y de la Inspección de
Trabajo y trasladamos la importancia que tiene para una planta como Alu
Ibérica que haya normalidad en la relación entre trabajadores y
empresa”, aseguró.
Ante la cercanía de que expire el compromiso
adquirido por Parter de blindar los puestos de trabajo, la
Administración autonómica considera más necesaria que nunca la auditoría
técnica y financiera que Galicia lleva tiempo reclamando para que se
aclare en qué términos se produjo la venta de Alcoa a Parter y,
posteriormente, al grupo Riesgo y la capacidad de este último para
desarrollar los plan industriales comprometidos.
“Es necesario
convocar la mesa industrial y conocer en qué condiciones se puede
trabajar para que a partir de julio, cuando vence el plazo del acuerdo
inicial de venta, haya unas condiciones laborales e industriales que
garanticen el mantenimiento de todos los puestos”, subrayó.
El
vicepresidente económico explicó que, en este contexto, la Xunta
solicitó la pasada semana a la ministra para la Transición Ecológica un
compromiso efectivo del Gobierno para encontrar una solución definitiva.
En este sentido, la Xunta se pone a disposición del Ejecutivo central
para colaborar y cooperar en este objetivo.
Conde recordó que sigue siendo necesario un marco energético
competitivo en el que el sector hiperelectrointensivo gallego pueda
operar en igualdad de condiciones que el resto de Europa, ya que sin un
precio eléctrico competitivo no hay futuro. En la actualidad se está
demostrando que el Estatuto para lo consumidor electrointensivo no está
solucionando el problema, pues no recoge las medidas precisas para dar
una salida definitiva que garantice la competitividad de un sector
considerado estratégico para la economía gallega.
“De aquí al mes
de julio es necesario que el Gobierno pueda garantizar tanto la
capacidad industrial de la planta como la competitividad desde el punto
de vista del precio energético ya que la viabilidad del empleo depende
de estos dos elementos”, concluyó el vicepresidente económico.