EFE | Un centenar de agentes de la Policía Nacional se
ha personado hoy en las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y
A Coruña, así como en oficinas de Madrid, Málaga y Castellón para
realizar varios registros por la presunta despatrimonialización
fraudulenta de las factorías alumineras, según han informado fuentes
sindicales y policiales.
Según informa la Dirección General del cuerpo, en el marco de la
operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de
personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de
producción y un despacho de abogados.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción
número 3 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Especial
Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, "persigue la
obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la
salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales
actuaciones".
En el operativo han participado más de 100 funcionarios
policiales de distintas especialidades de la organización central y
territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Hasta la fábrica avilesina, anteriormente propiedad de Alcoa, se
han trasladado sobre las 9:00 horas cinco furgones con agentes de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han inspeccionando
todas las instalaciones de la planta y han pedido a los empleados que
dejaran de trabajar y estuvieran a su requerimiento, según ha relatado
el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz.
El registro estaría relacionado con la querella presentada por
la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras
dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en
la venta de las plantas de la compañía en Avilés y A Coruña que podrían
ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa, y que el pasado mes
de diciembre fue admitida por la Audiencia Nacional.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital
las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso
que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense
anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes
de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y
la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos
plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo
ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al
Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la
representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de
carecer de un proyecto industrial solvente.
Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores
empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a
los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo,
iniciado a finales de 2018.
El escrito de la querella relata el proceso de venta y concluye
que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos
factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para
llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el
de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la
negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
La titular del juzgado central de instrucción número 3, María
Tardón, explicaba en un auto fechado el pasado 12 de febrero, por el que
rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un "momento
procesalmente tan temprano" no es posible afirmar si hubo o no hecho
delictivo; lo que trata la instrucción es precisamente "comprobar si se
puede excluir definitivamente su existencia".
Desde el Comité de Empresa de la planta avilesina se ha
expresado la satisfacción de los trabajadores por la intervención
judicial para tratar de esclarecer la presunta despatrimonialización de
las plantas, si bien se ha insistido en la necesidad de que el
Ministerio de Industria dé nuevos pasos para revertir el traspaso de las
plantas y garantizar su futuro.