EFE | El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la concesión de ayudas
directas de hasta 200.000 euros para autónomos y empresas especialmente
afectados por la pandemia que hayan perdido al menos un 30 % de sus
ingresos en 2020, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos
fijos y deudas.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en
la rueda de prensa tras el Consejo extraordinario que las ayudas están
destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la
hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista,
sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.
Estas ayudas ascienden a 7.000 millones de euros, de los que
2.000 millones están reservados a Baleares y Canarias, por ser las
regiones más afectadas, mientras que los 5.000 millones restantes irán
al resto de comunidades autónomas.
El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de
manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación
objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros,
mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango
de entre 4.000 y 200.000 euros.
En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un
máximo del 40 % de la caída adicional de ingresos sufrida por la
pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se
reduce al 20 % en el caso del resto de empresas.
Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen
que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como
pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda
financiera.
La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la
actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo
la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del
personal directivo.
Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la
asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que
los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza
de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e
impacto en el desempleo juvenil.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que
el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener
formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías,
así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para
formalizar la transferencia.
Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban
esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y
autónomos "lo antes posible".