VIVIENDA DE ALQUILER
El Gobierno se marca como objetivo 100.000 viviendas públicas de alquiler social
EFE | El Gobierno se ha marcado como
objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible
gracias a los planes puestos en marcha por el Ministerio de Transportes,
los acuerdos con la Sareb, aquellos que se puedan alcanzar con los
fondos de inversión y las ayudas europeas.
Según ha
insistido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, el problema estructural que sufre este mercado no es otro
que la falta de oferta y por ello ha incidido en que es necesario
estimular al sector privado para que saque viviendas en alquiler al
mercado y a los distintos poderes públicos para que promuevan vivienda
asequible.
En concreto, el parque público de vivienda social del Ministerio
rondará las 44.000 viviendas (4.769 viviendas financiadas con el Plan
Estatal de Vivienda; 11.608 viviendas impulsadas en suelos del Estado;
20.000 viviendas con cargo a los 1.000 millones de los fondos europeos y
7.623 viviendas gracias a los convenios con entidades locales en zonas
con los alquileres más tensionados).
A esto se añaden otras 56.000
viviendas gracias a la colaboración público-privada para la creación de
un fondo social (11.000 viviendas del fondo acordado con las entidades
financieras, que se eleva un 10 %, 15.000 viviendas de la colaboración
con la Sareb y hasta 30.000 viviendas con los acuerdos con entidades
gestoras).
A este respecto, ha asegurado que con la nueva ley por
el derecho a la vivienda se busca construir un verdadero parque público
de vivienda, al tiempo que se establecen bonificaciones fiscales en el
IRPF en determinados supuestos de control de precios, y queda por
definir las zonas tensionadas y el recargo del IBI para las viviendas
vacías.
Con respecto a los cambios introducidos por el Ejecutivo
en el real decreto de 22 de diciembre que paralizaba los desahucios y
que han sido denunciados por el sector como un amparo a la ocupación
ilegal, Ábalos ha asegurado en el pleno del Congreso que con esta medida
no se protege a delincuentes sino a colectivos vulnerables.
Durante su intervención, ha asegurado que tras la aprobación del real
decreto de diciembre se constató que había menores, dependientes, o
víctimas de la violencia género que no estaban protegidos y estaban
inmersos en procedimientos penales. "Es una medida
puntual y excepcional y pensada para una situación como la actual de
pandemia", ha añadido Ábalos, que recuerda que el juez sigue teniendo
toda la facultad para decidir la suspensión o no de los lanzamientos y
que la medida va dirigida a grandes tenedores, a los que se les ofrece
una posible compensación.
En concreto, el Ejecutivo modificó dos
artículos del llamado decreto antidesahucios aprobado el pasado
diciembre y amplió la suspensión de desahucios de personas vulnerables
sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos
penales.El decreto antidesahucios preveía que el juez no pudiera
suspender un lanzamiento cuando la entrada o permanencia en el inmueble
fuera consecuencia de delito. Con los nuevos cambios, ahora pasa a ser
"cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido
mediando intimidación o violencia sobre las personas".
Por otra parte, Ábalos ha indicado que las sociedades de inversión
inmobiliaria no se van a beneficiar de las exenciones al alquiler
planteadas en la nueva Ley de Vivienda, ya que se trata de beneficios
fiscales en el IRPF. La propuesta del Ministerio recoge una serie
de bonificaciones en el IRPF para propietarios que destinen su vivienda
al alquiler y que pueden ser de hasta el 90% si reducen el precio de
contratos de alquiler en zonas tensionadas.
"Quizás hay que
insistir mucho para que se entienda. No reducimos en absoluto la Ley,
que contempla muchas más cuestiones, ni siquiera las medidas para el
alquiler a las meras bonificaciones fiscales, pero entenderá que tampoco
podemos desperdiciar esta posibilidad, porque, en definitiva, todo lo
que hacen los particulares, tanto asociaciones como personas, por
interés general, siempre tiene un reconocimiento por parte de la
Administración. Para eso existen las deducciones y subvenciones", ha
explicado Ábalos al diputado de Bildu Oskar Matute.